AP.- Tres años después de que el multimillonario ruso Roman Abramovich tuvo que vender al Chelsea de la Liga Premier, el Gobierno británico dijo que estaba preparado para ir a los tribunales para asegurar que las ganancias llegaran a las víctimas de la guerra en Ucrania.

Abramovich fue sancionado tras la invasión de Rusia a Ucrania en 2022 y se vio obligado a vender al Chelsea, que bajo su mandato ganó dos veces la Liga de Campeones, a un consorcio encabezado por los estadounidenses Todd Boehly y Clearlake Capital por 2,500 millones de libras (3,200 millones de dólares) en mayo de ese año.

Abramovich afirmó antes de la venta que las ganancias netas irían a una fundación benéfica "para el beneficio de todas las víctimas de la guerra en Ucrania".

Sin embargo, el dinero permanece congelado en un banco y el gobierno británico dijo que aún no había llegado a quienes lo necesitan.

En declaraciones conjuntas de la jefa del Tesoro, Rachel Reeves, y el secretario de Relaciones Exteriores, David Lammy, indicaron que el gobierno estaba listo para emprender acciones legales.

“El gobierno está decidido a que las ganancias de la venta del Chelsea Football Club lleguen a causas humanitarias en Ucrania, tras la invasión ilegal a gran escala de Rusia. Estamos profundamente frustrados de que no haya sido posible llegar a un acuerdo sobre esto con el Sr. Abramovich hasta ahora", expresaron.

“Aunque la puerta para las negociaciones permanecerá abierta, estamos completamente preparados para llevar esto a los tribunales si es necesario, para asegurar que las personas que sufren en Ucrania puedan beneficiarse de estas ganancias lo antes posible”, agregaron.

Abramovich fue sancionado cuando el gobierno británico apuntó a lo que la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss, describió como “oligarcas y cleptócratas” con vínculos cercanos al presidente ruso Vladimir Putin y “cómplices de su agresión”.

Sin embargo, los fondos de la venta aún pertenecen a Abramovich, aunque están congelados.

No pueden ser utilizados o movidos sin la emisión de una licencia de la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras.

El gobierno insiste en que deben ser utilizados para fines humanitarios en Ucrania.