EFE.- La Fiscalía se opuso a la puesta en libertad del exjugador de los Pumas y el Barcelona Dani Alves al entender que persiste el riesgo de huida, dada su capacidad económica y la pena impuesta de cuatro años y medio de cárcel por violación, en tanto que el futbolista alega que cree en la justicia y que no piensa huir.
La sección 21ª de la Audiencia de Barcelona celebró este martes una vista para decidir si deja en libertad provisional a Dani Alves, tal y como pidió su defensa a la espera de que sea firme la sentencia que lo condenó a cuatro años y medio de cárcel por violar a una mujer en una discoteca de Barcelona.
Al final de la vista, Dani Alves intervino por videoconferencia desde la cárcel Brians 2, en la que lleva más de un año en prisión provisional: "Creo en la justicia. No voy a huir", aseguró.
DECISIÓN
La Audiencia decidirá en breve si deja en libertad a Dani Alves, mientras el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tiene sobre la mesa los recursos que la Fiscalía, la acusación particular ejercida por la víctima y la defensa presentaron contra la sentencia que lo condenó a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en el baño de un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre de 2022.
La Fiscalía, que en su recurso contra la sentencia pide a la Audiencia que condene a Alves a nueve años de cárcel, pidió al tribunal que mantenga en prisión al futbolista, argumentando que sigue existiendo riesgo de fuga, si cabe más aún después de la sentencia, puesto que la pena sigue siendo alta.
Unos argumentos que también esgrimió la acusación particular ejercida por la víctima, a través de su abogada, Ester Garcia, que también hizo hincapié en los recursos económicos de Dani Alves.
DEFENSA
Sin embargo, la defensa aduce que esa capacidad económica no es tal, dado que a raíz de su detención se rescindieron los acuerdos de patrocinio que Alves tenía firmados con varias marcas, perdió su trabajo en el club Pumas de México y aún no ha cobrado la suma que le adeuda Hacienda por un contencioso tributario que se resolvió a su favor.
La abogada, Inés Guardiola, también argumenta que Alves cumplió el pasado 5 de marzo una cuarta parte de su condena, con lo que de ser firme la sentencia ya podría disfrutar de permisos e incluso acceder al tercer grado, que la pena impuesta es muy inferior a la que solicitaban las acusaciones -nueve y doce años- y que el TSJC puede tardar hasta un año en resolver sobre el asunto.
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Como alternativas, la defensa, que en su recurso al TSJC vuelve a pedir la absolución, acepta que se imponga a Alves una fianza de 50 mil euros, además del retiro del pasaporte y comparecencias semanales en el juzgado.