La marchista mexicana, Guadalupe González, suspendida cuatro años por un doping positivo, está en serio riesgo de enfrentar una nueva sanción debido a que es investigada por posible “falsificación de documentos” en su defensa por evitar el castigo que la dejó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU, por sus siglas en inglés) ahora ha acusado a la atleta de una segunda infracción por manipulación como resultado de su presentación de documentos falsificados y pruebas falsas, y la obtención de testimonios de testigos falsos en el curso del procedimiento ante el Tribunal Disciplinario por la primera infracción”, informó la propia AIU.

Hace apenas unos días el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó la apelación de Lupita y confirmó la sanción de cuatro años, por el uso de trembolona. Sin embargo, las nuevas acusaciones acarrearían un nuevo castigo, según las “Reglas Antidopaje” de la World Athletics.

“Si un miembro de la Federación obstruye o retrasa (proporcionando información falsa, engañando o con incompleta información y documentación y/o manipulando o destruyendo documentación o información relevante para la investigación) esto puede constituir una violación grave independiente de estas reglas antidopaje”, se estipula en el documento de 83 páginas de la World Athletics.

El elemento de mayor peso en contra de González es que en su defensa ante el TAS aceptó que mintió y falsificó pruebas, más allá de que después argumentó que esto lo hizo por recomendación de abogados de la propia Comisión Nacional del Deporte (Conade).

“La recurrente admitió libremente ante el Panel, y en su escrito de apelación, que no había dicho la verdad en la audiencia en primera instancia ante el Tribunal Disciplinario de la IAAF, que sus pruebas habían sido falsificadas y que los documentos y las pruebas eran falsos.

"La Apelante se disculpó por su conducta y por lo que había dicho y hecho ante el Tribunal Disciplinario de la IAAF, pero dijo que estaba siguiendo a un miembro de su equipo legal en ese momento”, se lee en el documento de deliberación del TAS.