Las escuelas particulares pidieron a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) no equiparar los servicios educativos con un acto comercial, ante el proyecto de las secretarías de Economía y de Educación Pública sobre la Norma Oficial Mexicana (NOM) 237, que busca regular los derechos y las obligaciones de estas instituciones privadas.
Seis agrupaciones de colegios particulares expresaron que la NOM pone en entredicho “su esencia como servicio público, lo que implicará altos costos no sólo a los colegios, sino a una parte de la sociedad que deberá asumir incrementos en las colegiaturas para obtener una educación de calidad”.
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En un comunicado, la Alianza de Colegios Multiculturales de México (ACOMM), la Alianza para la Educación Superior (ALPES), la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP (ANEPPI), la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), la Federación de Escuelas Particulares del Estado de México (FEPEM) y la organización Educación con Rumbo (ECR), insistieron en que definirlas como establecimientos mercantiles pasa por alto que no hay especulación comercial.
Norma Leticia León Montelongo, de la FEPEM , y María del Pilar Martínez Aragón, de la ANEPPI, plantearon que, con el cierre de cerca de 18 mil escuelas, más de 630 mil personas se quedarían sin trabajo.
A este panorama agregaron que se incrementarán las tarifas escolares para que los colegios puedan cubrir los gastos de la certificación y otros trámites ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
La misiva, dirigida al presidente de la Conamer, Alberto Montoya Martín del Campo, especificó que definirlas como establecimientos mercantiles en el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE) muestra la inexistencia de materia para la norma, pues no impera la intermediación y no son actos masivos.
“El artículo 146 de la Ley General de Educación, así como en el Acuerdo 17/11/17 de la Secretaría de Educación Pública definen al servicio educativo como un servicio público“, destacó Ludwig Johannsen, de la ACOMM.
El periodo de análisis del proyecto de la NOM 237 termina el 15 de noviembre, por lo que pidieron observar que los servicios educativos ya están regulados por la Ley General de Educación.
“La injerencia que pretende establecer la Secretaría de Economía es inapropiada e invade la función regulatoria de la Secretaria de Educación, amén de que el proyecto de NOM 237 propuesto desde la Secretaría de Economía es sobre regulatorio”, añadió Johannsen.