Reuters.- El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido a las empresas energéticas estadounidenses que preparen declaraciones juradas que documenten cómo las políticas proteccionistas de México dificultaron sus inversiones, cuando Washington se prepara para recrudecer una disputa comercial con su vecino, según tres personas familiarizadas con las discusiones.
La solicitud de declaraciones juradas a las principales compañías petroleras y de energía renovable de Estados Unidos representa la última y más clara señal de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) planea buscar un panel independiente de solución de controversias en el marco del pacto comercial Estados Unidos-México-Canadá, o T-MEC.
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Las medidas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para revertir las reformas destinadas a abrir los mercados de energía y petróleo de México a los competidores extranjeros desencadenaron en última instancia la disputa comercial.
Las empresas estadounidenses de energía y electricidad, como Chevron y Marathon Petroleum, que pretendían expandirse en México, se han quejado de que se les han denegado permisos y solicitudes sencillos en decisiones que favorecían a la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la empresa nacional de electricidad Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Es probable que Estados Unidos recurra a un grupo especial de solución de diferencias antes de fin de año si las conversaciones sobre la cuestión siguen estancadas, y las declaraciones juradas representan pruebas que se incluirían en la solicitud del grupo especial, dijeron las fuentes.
Si el panel falla en contra de México y este no toma medidas correctivas, Washington podría finalmente imponer miles de millones de dólares en aranceles de represalia a los productos mexicanos.
Las fuentes pidieron que no se mencione su nombre porque no están autorizadas a hablar públicamente sobre el asunto.
Las medidas se suman a un visible deterioro de las relaciones comerciales entre Washington y Ciudad de México, a pesar de que su integración económica se está profundizando. En agosto, el USTR solicitó la intervención de un panel de solución de controversias del T-MEC en un desacuerdo por las restricciones de México a las importaciones de maíz genéticamente modificado.
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México compra actualmente maíz transgénico estadounidense por valor de unos 5 mil millones de dólares al año, principalmente para alimentar al ganado.
Al igual que en el caso de las políticas energéticas, Washington argumenta que prohibir el maíz transgénico para consumo humano y animal viola las obligaciones de México en virtud del pacto comercial.
López Obrador es visto como un obstáculo importante para resolver ambas disputas, ya que considera que la energía y el maíz son importantes para la identidad nacional de México.
Un portavoz del USTR no quiso hacer comentarios.
La Secretaría de Economía de México, en respuesta a una solicitud de comentarios de Reuters, dijo que no tenía información sobre el asunto.
La Casa Blanca ha querido evitar una escalada de la tensión comercial energética con México porque necesita ayuda en materia de migración y narcotráfico, pero las conversaciones que comenzaron el año pasado han avanzado poco. Elevar las apuestas en la disputa conlleva un riesgo significativo para Biden, quien enfrentará críticas republicanas por su manejo de los flujos de personas en la frontera y el narcotráfico, en su búsqueda de la reelección en 2024.
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México superó a Canadá y China para convertirse en el mayor socio comercial de bienes de Estados Unidos en el primer semestre de 2023, alcanzando un comercio total de 396 mil 600 millones de dólares en el período, por el aumento de la producción automotriz de México y porque otras empresas estadounidenses cambian sus líneas de abastecimiento desde China a un lugar más próximo.
En 2022, México tuvo un superávit comercial de bienes de 130 mil 500 millones de dólares con Estados Unidos y está en camino de más que duplicar el saldo de 69 mil millones de dólares de 2017, cuando el expresidente Donald Trump lanzó una renegociación del TLCAN después de amenazar con abandonar el pacto, alegando que estaba llevándose empleos manufactureros estadounidenses.
Al buscar un panel de solución de controversias, USTR estaría esencialmente renunciando a las negociaciones, recurriendo, en cambio, a una forma de litigio creada en la renovación de 2020 del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Según las normas de solución de diferencias del USMCA, en un plazo de 30 días debe convocarse un panel de cinco personas, elegidas de una lista de expertos preaprobados, con un presidente elegido conjuntamente y dos panelistas mexicanos elegidos por la parte estadounidense y dos panelistas estadounidenses elegidos por la parte mexicana. El panel examinará testimonios y escritos y su informe inicial deberá presentarse 150 días después de su convocatoria.
El año pasado, uno de estos paneles falló a favor de Washington en una disputa sobre las cuotas lácteas canadienses, y en contra de Estados Unidos en las normas de origen del sector del automóvil, poniéndose del lado de México y Canadá.