Por Isabella González
José María Martínez, candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, es acusado de cobrar una pensión de casi 108 mil pesos mensuales que habría obtenido mediante un trámite irregular.
Por este hecho, “Chema” Martínez fue denunciado en 2021 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción local por el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto de Pensiones del Estado. El caso fue judicializado, pero hasta ahora no ha quedado resuelto.
La denuncia del OIC de Pensiones del Estado, que ha sido revivida durante este proceso electoral en el que “Chema” Martínez es candidato, detalla que en 2020, cuando tenía 49 años, recibió “una pensión de forma irregular e ilegal”.
Entre las faltas que detectó el Órgano Interno de Control es que “Chema” Martínez recibió la pensión sin cumplir los 20 años de cotización obligados por la ley, ya que solamente habría cotizado 19 años y siete meses.
Para acceder a la pensión tuvo que comenzar a trabajar en 1986, es decir, cuando tenía apenas 14 años.
La denuncia del OIC indica que para el 4 de marzo de 2019, el candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara debía 4 millones de pesos por seis años de aportaciones voluntarias y recargos que tenía pendientes de liquidar.
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Para subsanar la deuda, una empresa llamada FINDOC pagó más de 3 millones de pesos al organismo de pensiones estatal, según denuncias consignadas en medios de comunicación de Jalisco.
FINDOC, cuyo mercado es el otorgamiento de créditos, es propiedad de dos empresas creadas en Delaware, Estados Unidos.
En 2021, “Chema” Martínez anunció que no recibiría la pensión tras entrar en funciones como diputado local, cargo al que renunció el 13 de marzo pasado para buscar la presidencia municipal de Guadalajara.
En 2022, luego de que se diera a conocer la denuncia, dos servidores públicos fueron vinculados a proceso por la autorización del pago. Medios locales informaron que se trató de Enrique Helmut Meyer, director de Afiliación y Vigencia, y de Jorge Refugio López Arroyo, supervisor A adscrito a la Dirección General de Prestaciones, ambos funcionarios del Instituto de Pensiones del Estado.