EFE.- Organizaciones civiles pidieron este lunes a la virtual candidata presidencial electa, Claudia Sheinbaum, nombrar autoridades agrícolas que persigan una política libre de agrotóxicos y transgénicos, así como no tener conflictos de interés y poner al centro la agricultura campesina.

La demanda de las organizaciones agrupadas en la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, como Greenpeace, se produce en vísperas del anuncio el jueves del gabinete de Sheinbaum tras su triunfo en las elecciones del 2 de junio y antes de su investidura, el próximo 1 de octubre.

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Las asociaciones alertaron en un comunicado de la posible permanencia de personajes con “larga trayectoria de apoyo a los grupos de poder económico y de promoción de las peores prácticas agrícolas”.

Añadieron que ponen en riesgo la salud de las personas y que son contrarias a las prácticas agrícolas que buscan evitar la contaminación del medioambiente.

La campaña apuntó que la actual administración ha impulsado un modelo de producción de alimentos depredador con el medioambiente que, indicaron, prevalece desde hace más de dos décadas.

“La interferencia en todo el mundo de las grandes empresas y grupos de poder económico en la toma de decisiones que atañen al interés público es constante. Con distintos niveles de intensidad, México no está exento de ello”, acusaron.

Las organizaciones también señalaron que uno de los mayores impedimentos para la soberanía alimentaria es el control de las corporaciones, con el 65% del mercado de semillas acaparado por sólo cuatro empresas y el 95% del sector agroquímico en manos de 10 compañías.

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Así mismo, criticaron que 10 empresas controlen el 41% del mercado de fertilizantes y cuatro el 90% del comercio de granos.

Las organizaciones exigieron que los nuevos funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) conozcan a fondo el campo y valoren la agricultura campesina, su capacidad productiva y su cultura comunitaria.

Sostuvieron que la agricultura campesina provee el 70% del maíz para tortillas y 60% del frijol que consumen los mexicanos.

“Desde la campaña nacional Sin Maíz No Hay País queremos hacer llegar nuestra preocupación a la presidenta electa, para que su proyecto político se construya con funcionarios comprometidos con la transición a la agroecología como base de la soberanía alimentaria y que estén libres de sospecha de conflicto de interés”, concluyeron.

México ha impulsado la eliminación gradual del polémico glifosato y del maíz transgénico desde 2020, lo que ha derivado en consultas en el Tratado con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque ha reconocido que no hay un herbicida sustituto en el mundo, por lo que ha postergado su remoción definitiva.

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El glifosato ha causado polémica a nivel global, pues apenas en noviembre de 2023 las organizaciones ecologistas europeas lamentaron la renovación por otros 10 años de la autorización para utilizar el herbicida, al considerar que la decisión es “otro golpe a la biodiversidad”.