ELECCIÓN 2024

TEPJF revela hoy el proyecto para calificar la elección presidencial; desde el triunfo de Fox, ningún magistrado ha votado por la nulidad
Jueves 21 de Noviembre de 2024

TEPJF revela hoy el proyecto para calificar la elección presidencial; desde el triunfo de Fox, ningún magistrado ha votado por la nulidad

Foto: Cuartoscuro
Escrito en ELECCIÓN 2024 el

Por Jorge Monroy

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dará a conocer a las 3:00 de la tarde de hoy el proyecto definitivo del juicio madre elaborado por los magistrados Felipe de la Mata y Alfredo Fuentes, con el que se determinará si Claudia Sheinbaum Pardo se convierte en presidenta electa de México.

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Desde su creación en 1996, el tribunal nunca ha anulado una elección presidencial y ningún magistrado ha votado en contra de invalidar los triunfos de Vicente Fox, en el 2000; Felipe Calderón, en 2006; Enrique Peña Nieto, en 2012, y Andrés Manuel López Obrador, en 2018.

“Hasta ahora, nunca he visto un voto en torno a la invalidez de la elección presidencial; es decir, todos los votos de todos los magistrados, históricamente del tribunal, siempre han votado por la validez de la elección presidencial. Nunca ha habido un voto por la nulidad”, afirmó de la Mata Pizaña.

Aunque el TEPJF tiene el plazo final hasta el 6 de septiembre para calificar, la Comisión Sustanciadora, que integran los magistrados Fuentes y De la Mata, ofreció que a partir de este miércoles 24 de julio estará listo el dictamen relativo al cómputo final de la elección presidencial, validez del proceso electoral y declaración de presidenta electa de México, mismo que se dará a conocer en las próximas horas.

La excandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, pidió al tribunal no apresurar la resolución sin tomar en cuenta expedientes que aún no resuelve el INE, principalmente por mensajes del presidente de la República en sus conferencias mañaneras en favor de Morena y Sheinbaum.

Luego de darse a conocer el dictamen definitivo, la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, deberá proponer a sus compañeros una fecha para celebrar una sesión de la Sala Superior donde se discutirá. Ese mismo día se llevará a cabo una sesión solemne en la que eventualmente se entregará la constancia de mayoría a quien ocupará la presidencia de la República para el periodo 2024-2030.

Desde Fox, ningún triunfo presidencial fue invalidado.

En el año 2000, cuando llevó a cabo su primera calificación de una elección presidencial, la Sala Superior del Tribunal anuló la votación recibida en sólo una casilla de la elección presidencial, lo que significó la anulación de apenas 439 votos.

Sin embargo, declaró como válida la primera elección ganada entonces en México por la oposición a través de Vicente Fox, postulado por el PAN y Partido Verde, con una ventaja de siete puntos sobre Francisco Labastida, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Seis años después, en la elección presidencial más competida y cerrada en la historia de México en la que compitieron el panista Felipe Calderón y el entonces perredista Andrés Manuel López Obrador, el tribunal ordenó el primer recuento de votos en nuestro país, y reconoció la intervención en el proceso electoral del entonces presidente Vicente Fox y del Consejo Coordinador Empresarial, lo que declaró que afectó grave y determinante los principios democráticos de la elección.

Sin embargo, estableció que las irregularidades expuestas por la coalición que postuló a López Obrador no quedaron acreditadas, y las que sí fueron acreditadas se corrigieron antes de que surtieran plenos efectos determinantes en la libertad del sufragio. Por ello, validó el triunfo de Felipe Calderón con 14 millones 916 mil 927 votos, apenas una diferencia de 233 mil 831 votos (0.56 por ciento) con López Obrador.

Tras la elección presidencial del 2012, en la que resultó ganador Enrique Peña Nieto, los partidos de oposición promovieron 378 juicios de inconformidad ante el tribunal, de los cuales 12 fueron presentados por ciudadanos, uno por el Partido Acción Nacional y 365 por la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y MC) que postuló ese año a López Obrador.

En dichos juicios se argumentaron actos como la entrega masiva de tarjetas Monex por parte de la coalición PRI-PVEM, que postuló a Peña Nieto, pero el Tribunal resolvió que en la elección prevalecieron los principios y valores constitucionales en materia electoral como son los derechos fundamentales y ser votado, el de acceso de los ciudadanos en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país, el de elecciones libres, auténticas y periódicas; de sufragio universal, libre, secreto y directo, de maximización de la libertad de expresión y del derecho a la información en el debate público que precede a las elecciones.

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Tras la elección presidencial del 2018, ni el PRI ni la coalición PAN, PRD, MC, presentaron juicios ante el tribunal para pedir la nulidad de la elección en la que resultó ganador el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Sólo se presentaron 281 demandas por parte del partido Encuentro Social, mismas que fueron consideradas extemporáneas o infundadas por expresar argumentos genéricos y desvinculados de la elección presidencial. Por ese motivo, el tribunal declaró válido el triunfo de López Obrador.

Tras la elección del 2 de junio de este año, el PAN, y PRD, y el PRI por separado, presentaron dos juicios de inconformidad, mientras que su excandidata, Xóchitl Gálvez, promovió un juicio de protección de derechos en donde no pidió anular la elección que dio como triunfadora a Claudia Sheinbaum, sino que el tribunal reconozca y se pronuncie por diversos actos que, a su juicio, influyeron en los comicios.

Entre ellos, la violación a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad por parte del presidente mediante sus conferencias matutinas, así como la intervención de gobernadores de Morena, los Servidores de la Nación y sindicatos en favor del partido en el gobierno.

A su vez, PAN, PRI y PRD también señalaron una elección de Estado mediante el uso de recursos públicos, coacción del voto, limitación de la libertad de prensa y obstrucción a la oposición.