AP.- Los abogados de Bill Cosby pedirán el martes al Tribunal Supremo de Pensilvania que anule su condena por abuso sexual, argumentando que el juicio de 2018 del comediante de 83 años fue enturbiado por evidencia y declaraciones que no debieron permitirse.

Cosby ha cumplido más de dos años de su sentencia de entre tres y 10 años en prisión por drogar y abusar de una mujer a la que conoció a través del programa de baloncesto de su alma mater, la Universidad de Temple.

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La Corte Suprema de Pensilvania, luego de escuchar argumentos orales el martes, revisará dos asuntos derivados del juicio.

La defensa ha impugnado la decisión del juez de permitir que otras cinco acusadoras testificaran para la fiscalía sobre sus encuentros con Cosby en la década de 1980. Las mujeres dijeron que Cosby les ofreció entrenamiento actoral o tutoría, pero que luego abusó sexualmente de ellas tras drogarlas o embriagarlas. Ese es el mismo comportamiento que la acusadora en el juicio, Andrea Constand, dijo que sufrió en la residencia de él cerca de Filadelfia en 2004.

Las cortes han luchado por años con decisiones sobre cuándo debería permitirse que otras acusadoras rindan declaración en casos penales. La Corte Suprema de Pensilvania parece deseosa de abordar el asunto.

La defensa también refutará la decisión que llevó al jurado a escuchar declaraciones perjudiciales que Cosby hizo en una demanda por abuso sexual y difamación que Constand presentó en su contra en 2005.

La declaración estuvo sellada casi una década hasta que The Associated Press le pidió a un juez federal que hiciera públicos documentos del caso mientras más mujeres acusaban a Cosby de abuso. El juez aceptó, y los fiscales en un suburbio de Filadelfia reabrieron el caso de Constand de 2005 contra Cosby en 2015, apenas unos meses antes de que prescribiera el plazo para poder arrestarlo.

Cosby, un comediante y actor otrora adorado y conocido como el "Papá de Estados Unidos", fue la primera celebridad condenada en la era de #MeToo. La AP no suele identificar a personas que dicen haber sido víctimas de violencia sexual sin su autorización, que Constand ha otorgado.