AP.- Este miércoles, el Consejo de Calidad Ambiental de la Casa Blanca rescindió regulaciones relacionadas con la Ley Nacional de Política Ambiental de los Estados Unidos, la cual obliga a las agencias federales a considerar los posibles impactos ambientales de un proyecto antes de que sea aprobado.
Katherine Scarlett, quien lidera el consejo, afirmó en un comunicado que la directiva "reducirá las capas innecesarias de carga burocrática y restaurará el sentido común en el proceso de revisión ambiental y permisos."
Bajo Trump, agregó Scarlett, "el reinado de terror regulatorio de esta ley ha terminado."
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La acción se produce mientras el Congreso considera aprobar una legislación destinada a acelerar las revisiones de permisos para nuevos proyectos de energía e infraestructura y limitar la revisión judicial bajo la citada ley.
Republicanos y muchos demócratas creen que la ley, promulgada hace 56 años, se ha enredado en la burocracia, lo que resulta rutinariamente en retrasos de años para proyectos importantes. La ley requiere un análisis detallado para tales proyectos y permite comentarios públicos antes de que se emitan las aprobaciones.
Un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, impondría límites legales a las revisiones ambientales, ampliaría el alcance de las acciones que no requieren revisión y establecería plazos claros. También limitaría quién puede presentar desafíos legales y los remedios legales que los tribunales pueden imponer.
Los demócratas coinciden en que el proceso de permisos se ha vuelto complicado, pero dicen que el proyecto de la Cámara socava la participación y las consulta al público, además de que restringe excesivamente la revisión judicial.
Proyectos eólicos dividieron al Congreso
Los esfuerzos para aprobar cambios en los permisos se vieron obstaculizados el mes pasado después de que la administración suspendiera cinco importantes proyectos de energía eólica marina en la Costa Este debido a preocupaciones de seguridad nacional no especificadas.
Los senadores demócratas Sheldon Whitehouse de Rhode Island y Martin Heinrich de Nuevo México dijeron que ese "asalto imprudente y vengativo de la administración a la energía eólica" destruyó la confianza necesaria para promulgar una reforma bipartidista de la ley.
En estos primeros días de enero, los desarrolladores de los proyectos han presentado demandas ante los tribunales.