EFE. – El Senado de Estados Unidos quedó este domingo a un paso de confirmar a la jueza Amy Coney Barrett, nominada por el presidente Donald Trump, para cubrir la vacante que dejó en la Corte Suprema la fallecida magistrada progresista Ruth Bader Ginsburg.

Por 51 votos a favor y 48 en contra, la mayoría republicana del Senado aprobó una moción que inicia una cuenta atrás de 30 horas hasta la votación final sobre Barrett.

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Se espera que ese voto se produzca en el pleno del Senado a última hora de la tarde del lunes, y está previsto que salga adelante, por lo que la jueza podría incorporarse a la Corte Suprema este mismo lunes o el martes.

Dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, se opusieron este domingo al voto de procedimiento por considerar que no debe impulsarse una candidatura para un cargo vitalicio en el Supremo en vísperas de las elecciones.

Murkowski, sin embargo, ha confirmado que este martes sí votará a favor de Barrett, y por ahora Collins, que se juega su escaño en los comicios, es la única republicana que ha adelantado que se opondrá a la nominación.

Los conservadores controlan 53 de los 100 escaños del Senado y apenas necesitan 51 votos para confirmar a Barrett; incluso si solo consiguen 50, el vicepresidente estadounidense Mike Pence podría romper el empate en su calidad de presidente del Senado.

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La confirmación de Barrett, de 48 años, inclinará a la derecha la composición del Supremo probablemente durante décadas, ya que dejará en la corte a seis jueces de tendencia conservadora frente a tres magistrados progresistas.

Una vez en la corte, Barrett tendrá que decidir si se abstiene de participar en cualquier posible apelación que llegue a la Corte Suprema relacionada con los resultados de las elecciones de noviembre, algo con lo que no quiso comprometerse durante sus audiencias de confirmación a pesar de haber sido nominada por Trump.

Los conservadores consideran además que la confirmación de Barrett será una “victoria histórica” para quienes se oponen al aborto, porque la jueza es contraria a ese derecho garantizado en Estados Unidos desde 1973, aunque no ha querido aclarar si votaría para socavarlo.