El intento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de frenar lo que considera censura por parte de las redes sociales es una táctica política y no cambiará las obligaciones legales de compañías como Twitter y Facebook, dijeron expertos.

Este jueves, Trump instruyó al fiscal general William Barr para que trabaje con los estados para hacer cumplir las leyes contra lo que describió como prácticas comerciales engañosas de las empresas de redes sociales.

Un borrador del decreto, al que tuvo acceso Reuters, ordena a las agencias federales que aclaren el alcance del artículo 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones.

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La norma protege a las compañías de internet de la responsabilidad por el contenido ilegal publicado por los usuarios y les permite eliminar los mensajes legales, pero inaceptables.

Juristas dijeron que no está claro si la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aceptaría la opinión de Trump sobre el artículo 230 establecido en el proyecto de decreto. 

Pero de hacerlo, las regulaciones de la agencia no tendrán ningún efecto legal vinculante para los jueces, que son los que realmente tienen algo qué decir sobre la ley.

“Es 95% teatro político, retórica sin fundamento legal y sin impacto legal,” dijo Daphne Keller, una experta en leyes de internet de la Universidad de Stanford.

Marc Randazza, un abogado especializado en la Primera Enmienda, dijo que está de acuerdo con las preocupaciones de Trump sobre la censura, pero reconoció que gran parte del decreto no conduciría a reformas reales.

“Creo que es más una declaración de liderazgo, o una declaración de misión, más que un plan para cualquier cosa que realmente vaya a suceder”, dijo Randazza.

La sección 230 contiene una disposición que permite a las plataformas en línea como Twitter y Facebook retirar o restringir el acceso al material que determinen “de buena fe” que sea lascivo, excesivamente violento, acosador o de alguna otra manera censurable.

Las restricciones del contenido de internet son generalmente lícitas porque la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión, solo se aplica a los actores gubernamentales, no a las empresas privadas.

Decreto no tendrá impacto

Los expertos dijeron que el análisis del artículo 230 en el decreto de Trump contradice las decisiones de los tribunales que han interpretado que la ley proporciona una amplia inmunidad.

“Gran parte del decreto es una fanfarronada”, dijo Kate Klonick, profesora de derecho de internet en la Universidad de St. John. “Básicamente, deja de lado 25 años de precedentes judiciales”, indicó.

Los abogados de la FCC están al tanto de estas decisiones de la corte, dijo Klonick, y pueden tener problemas con la forma de proceder en los próximos meses.

“No está claro que (la FCC) vaya a querer hacer algo por lo que obviamente sería golpeada por un mandato judicial”, señaló.

En caso de que la FCC tome medidas, es probable que provoque impugnaciones judiciales, y es poco probable que Trump se imponga, dijeron los expertos legales.

Klonick dijo que el decreto es una forma de que Trump gane puntos políticos, sin importar si tiene un impacto real.