La Corte Suprema de Estados Unidos asestó este lunes un duro golpe al gobierno del presidente Donald Trump en su batalla con los estados y ciudades considerados “santuario“ al dejar vigentes las normas en California que prohíben a la policía ayudar a las autoridades de inmigración a detener indocumentados.
La decisión de este lunes echa por tierra la intención del mandatario de atacar a las jurisdicciones como el Estado Dorado que no permiten a sus autoridades locales colaborar en materia migratoria, dejando los arrestos y detenciones de inmigrantes en una exclusiva competencia federal.
El rechazo del Máximo Tribunal llega en un momento crucial de la historia del país cuando se trata de mejorar la relación de la policía con las minorías, resaltó el fiscal general de California, Xavier Becerra, tras conocer la decisión.
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“En California, hemos visto el éxito que viene de generar confianza entre las fuerzas del orden y nuestras comunidades inmigrantes que trabajan duro”, dijo en un comunicado el procurador.
“Lo último que debemos hacer es erosionar esa confianza. Hoy, Estados Unidos está experimentando el dolor y las protestas que se producen cuando se rompe esa confianza”, añadió al referirse al movimiento originado tras la muerte de George Floyd en Minneapolis.
Becerra, quién encabezó la batalla legal en 2018 contra el Gobierno Trump y el entonces fiscal general del país, Jeff Sessions, que viajó exclusivamente a California para entablar la demanda, señaló que con las leyes “santuario” se está “protegiendo el derecho de los californianos a decidir cómo hacemos la seguridad pública en nuestro estado”.
“Por eso esta pelea importaba tanto”, subrayó.
En concreto, la demanda del Gobierno se dirigía contra la ley SB 54, conocida como la "Ley de Valores” que el estado aprobó en 2017 para proteger a los inmigrantes y que a juicio del Ejecutivo federal violaba la Constitución porque trataba de prevalecer sobre la legislación federal.
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El procurador general Noel Francisco, que representó al Gobierno Trump, argumentó que es el Gobierno federal, y no California, el que tiene el derecho “de establecer las condiciones bajo las cuales los extranjeros en este país pueden ser detenidos, liberados y expulsados" del país.
Sin embargo, el fallo del Supremo se basó en una decisión escrita por el fallecido juez Antonin Scalia, que resalta que los funcionarios estatales y locales no están obligados a llevar a cabo la aplicación federal.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) aplaudió este lunes la decisión del Tribunal Supremo en un mensaje por Twitter diciendo que esta “es una victoria para todas las comunidades, particularmente para las comunidades de color, que permitirá a todos sentirse seguros”, en otra referencia a la conexión entre la policía y las minorías.
ACLU ya ha ganado varios reclamos legales en contra de departamentos de policía y ciudades californianas que no han cumplido con las leyes santuario, e incluso han originado la indemnización a inmigrantes que fueron expulsados del país debido a esta colaboración.
Con información de EFE