AP.- El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, eliminó una política del gobierno del expresidente Donald Trump que prohibía a los jueces de migración posponer temporalmente algunos casos de deportación que aguardaban una visa o tarjetas de residencia.
Garland anuló el jueves una decisión del entonces secretario de Justicia Jeff Sessions de que los jueces no podían dejar tales casos en pausa, una práctica conocida como cierre administrativo.
Los jueces de migración, que son empleados del Departamento de Justicia, señalan que dicha práctica les permite manejar su carga de casos de manera más eficiente al dejarles enfocarse en casos que están listos para ir a la corte y evitar convocar a migrantes y abogados a audiencias innecesarias.
Esto es fundamental en un sistema sobrecargado, en el que las personas tienen que esperar años para ser convocadas a una audiencia.
"Nos ayuda a despejar nuestros expedientes para que lidiemos con los casos que realmente están listos para las audiencias", dijo la juez de inmigración Dana Leigh Marks, presidenta emérita y vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.
Para muchos migrantes, el cierre administrativo era un salvavidas que les protegía de la deportación mientras sus solicitudes de un estatus legal eran tramitadas. Los detractores a la práctica denunciaron que los jueces dejaban que la gente permaneciera en el país más tiempo de lo debido, en una especie de purgatorio legal.
Tres tribunales de apelación habían rechazado de antemano la política de Sessions, fallando que los jueces de migración tienen la autoridad de decidir cómo manejar sus casos de deportación, escribió Garland en su decisión.
Añadió que el Departamento de Justicia está elaborando nuevas normas para el mecanismo de deportaciones, pero que por el momento queda restaurado.
El número de casos pendientes ante los tribunales de migración se dispararon durante el gobierno de Trump, en parte debido a que cientos de miles de casos que habían sido suspendidos fueron reinscritos en el calendario para darles audiencias.
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Desde el año fiscal de 2018, el número de casos pendientes en las cortes de inmigración aumentó en 74% a 1.3 millones, según la Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.