EFE.- La política de deportación exprés del gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y un decreto del gobernador de Texas, Gregg Abbott, que penaliza el transporte de migrantes continúan la “criminalización de quienes buscan asilo”, aseguraron activistas este jueves.
“El gobierno continúa usando innecesariamente la deportación exprés“, señaló en una conferencia de prensa virtual Gracie Willis, abogada del Southern Poverty Law Center.
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“No se escuchan las solicitudes (de asilo) y en cambio se recurre a la deportación inmediata“, añadió. “Por su parte, los migrantes que están detenidos no pueden prepararse adecuadamente para una audiencia porque sus abogados tienen dificultades para entrar a los centros de detención”.
Esta semana el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que reanudaba las deportaciones exprés de “ciertos grupos familiares” que cruzan la frontera sin documentos, aunque no se les apliquen las restricciones por razones de salud.
Un comunicado del DHS sostuvo que la “expulsión inmediata proporciona un trámite legal y más acelerado para sacar a aquellas unidades familiares que no tienen razones legales para estar en Estados Unidos“.
“El intento de cruzar entre los puertos de entrada o esquivando la inspección en esos puertos es la forma equivocada para venir a Estados Unidos“, añadió.
El gobernador Abbott ordenó al Departamento de Seguridad Pública de Texas que detenga cualquier vehículo que haya cruzado la frontera desde México cuando haya sospechas de que transporta migrantes.
“Esta medida impide que Texas sea un estado que da la bienvenida”, afirmó Linda Rivas, directora ejecutiva de Las Americas Immigrant Advocacy Center en El Paso. “El decreto criminaliza la compasión y la generosidad y afecta a quienes por razones humanitarias transportan individuos para que puedan continuar sus sendas”.
Rivas también señaló que quienes abogan por los migrantes esperaban que el gobierno del presidente Joe Biden pusiera fin al uso del llamado Título 42, una estipulación que permite negar la entrada al país a extranjeros que puedan presentar una amenaza para la salud pública.
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