EFE.- La situación en América Central continúa deteriorándose por el crimen, la violencia, la corrupción y la pandemia de Covid-19, por lo que es urgente que el gobierno de Estados Unidos otorgue un Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador y Honduras, dijeron este martes activistas y políticos.

"La gente huye de la violencia y de desastres naturales", afirmó el representante Joaquín Castor, demócrata de Texas. "Instamos al gobierno de (el presidente Joe) Biden a que ordene el Estatus de Protección Temporal para los salvadoreños y hondureños".

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"Sabemos que estos desastres empeorarán", añadió. "Estas personas tienen familias en Estados Unidos, fortalecen nuestra economía y han puesto sus vidas en riesgo como trabajadores esenciales durante la pandemia".

Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, dijo que "han pasado nueve meses después del impacto de un huracán en América Central", y que "la situación en estos países sigue deteriorándose por el crimen, la violencia, la corrupción y encima de todo ello la pandemia".

Por este motivo, pidió que se designe un nuevo TPS para Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala.

Similar pedido, pero ampliado a 15 países, fue realizado este martes por 30 alcaldes demócratas de grandes ciudades como Nueva York, Boston, Chicago, Tucson y Seattle.

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En opinión de los regidores, es vital que el TPS sea redesignado, en lugar de extender una designación previa, para que así un mayor número de residentes de estas ciudades sea elegible para este alivio. 

En una carta enviada este martes a Biden, los alcaldes pidieron el TPS para Afganistán, Bahamas, Camerún, El Salvador, Etiopía, Guatemala, Guinea, Honduras, Líbano, Mauritania, Nepal, Nicaragua, Sierra Leona, Sudán del Sur y Sudán. 

El TPS es un programa bajo el cual el gobierno de Estados Unidos designa países donde hay conflictos violentos o han ocurrido desastres naturales y por ello se concede una residencia temporal a sus ciudadanos, quienes pueden permanecer y trabajar en Estados Unidos.

La inclusión de países en el programa TPS no requiere la intervención del Congreso sino que responde a instrucciones del poder ejecutivo.

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Al comienzo del gobierno de Biden, en enero pasado, había unos 319 mil beneficiarios de TPS y otros 427 mil pasaron a ser elegibles para el programa desde entonces, gracias en gran medida a la incorporación de Venezuela en la lista.

El Salvador cuenta con 198 mil 420 nacionales amparados por TPS, seguido por Honduras con 60 mil 350, Haití con 40 mil 865 y Nepal con 10 mil 160.

El gobierno de Biden incluyó a Venezuela entre los países designados para el programa, y se calcula que eso extendió el beneficio a unas 323 mil personas en total, pero no se ha otorgado la designación a Guatemala.

A comienzos de agosto, el gobierno de Biden amplió el periodo de inscripción para ciudadanos de Venezuela, y el Foro de Inmigración calcula que unos 323 mil venezolanos podrían solicitar ese amparo.

El periodo para registrarse y obtener TPS para los haitianos comenzó el 3 de agosto y seguirá en efecto hasta el 3 de febrero de 2023, anunció el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).

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El anuncio de la agencia abre la posibilidad de que otros 100 mil haitianos obtengan la protección temporal.

El gobierno extendió de seis meses a 18 meses el plazo para que los venezolanos, sirios y birmanos soliciten el TPS. El periodo para la presentación inicial de solicitudes de TPS para los venezolanos se extiende, ahora, hasta el 9 de septiembre de 2022

Dado que el Congreso no ha intervenido para otorgar una residencia legal permanente a los beneficiarios de TPS, el Poder Ejecutivo "está, claramente, haciendo uso de sus atribuciones limitadas para legalizar a segmentos de la población inmigrante no autorizada", señaló Jessica Bolter, del Instituto de Política Migratoria (MPI, en inglés). 

Además de esta iniciativa, los grupos que abogan por los migrantes hacen presión para que el Congreso apruebe la legalización y una senda a la ciudadanía para millones de migrantes.

Entre ellos están los amparados por TPS, los beneficiarios de la Acción Diferida (DACA) y los trabajadores agrícolas.