EFE.- El estado de Florida entabló este martes una demanda contra la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por la política migratoria conocida como “catch and release” (atrapar y liberar), que permite dejar en libertad a los indocumentados que fueron detenidos tras cruzar la frontera.

“Las ilegales políticas fronterizas de la administración Biden causan daños” a los “intereses cuasisoberanos” de este estado al obligarlo a “incurrir en gastos de millones de dólares”, subraya la demanda, presentada por la fiscal estatal, Ashley Moody, en una corte federal en Pensacola, norte de Florida.

Te podría interesar: Biden nomina a nueve candidatos para ocupar puestos de fiscal federal

“Queremos que sean reinstauradas las políticas predecesoras” del gobierno de Donald Trump en materia migratoria, dijo hoy el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, en una rueda de prensa en la que criticó las que considera “destructivas políticas migratorias” y “de fronteras abiertas”.

El gobernador dijo que desde que el demócrata Biden asumió la Presidencia en enero pasado, la Patrulla Fronteriza “ha liberado a casi un cuarto de millón de migrantes ilegales” en el país.

“Es absolutamente una crisis”, manifestó DeSantis, quien aprovechó la rueda de prensa para anunciar la designación del exfiscal federal Larry Keefe como el nuevo “zar” estatal de Seguridad Pública.

DeSantis mencionó que la crisis ha sido creada tras la eliminación de políticas migratorias como “Quédate en México” instaurada en 2019 por el republicano Trump, su padrino político, actualmente motivo de una batalla judicial, y por la que unos 70 mil migrantes fueron obligados a esperar en el país vecino el desarrollo de sus pedidos de asilo.

También lee: Asesinatos en EU subieron casi 30% en 2020, el mayor aumento en décadas

El gobernador externó que muchos de esos solicitantes de asilo “ni siquiera califican” para ello, y más bien los números “hablan por sí solos”.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) reveló este mes que en agosto pasado fueron aprehendidos más de 208 mil indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos, un 2% menos que los más de 212 mil de julio, cuando se alcanzó el mayor pico de los últimos 20 años.

La demanda es contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y agencias subordinadas como el Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE), así como al propio secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a quien DeSantis, como recordó hoy, le pidió el pasado mes que restablezca las políticas migratorias de Trump.

La fiscal Moody manifestó que Florida gasta cada año unos 100 millones de dólares por “encarcelar a indocumentados“, además de otros montos añadidos y que están relacionados a servicios sociales. “Los cárteles de drogas están teniendo un picnic, están viendo aumentar sus ganancias”, exclamó.