EFE.- Un mes después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogara la protección del derecho al aborto en el país, organizaciones proabortistas han presentado recursos en 17 estados y han conseguido paralizar ese veto en seis, indicó este miércoles una de ellas, Planned Parenthood.

Actuar a nivel estatal es una parte “decisiva” de su labor mientras examinan toda las opciones para garantizar que la gente tiene acceso a los cuidados que necesiten, apuntó la organización en conferencia de prensa telefónica.

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La decisión del Tribunal Supremo, emitida el 24 de junio, revocó una protección vigente en Estados Unidos desde 1973 e hizo que cada estado decida si mantiene o prohíbe el derecho al aborto en su territorio.

“Millones de estadounidenses viven ahora en estados donde no tienen acceso a un aborto seguro y legal”, indicó Danika Severino Wynn, vicepresidenta de acceso al aborto en Planned Parenthood, para quien el “caos” que se está experimentando sobre el terreno es justo el ambiente que han perseguido durante décadas los políticos antiabortistas.

La organización precisó que el mismo día en que el Tribunal se pronunció hubo un aumento del 48% en el número de citas en sus centros para solicitar anticonceptivos de emergencia.

“Independientemente de lo que hagamos, no va a ser suficiente para compensar lo que se ha perdido”, sostuvo Katherine Farris, directora médica en Planned Parenthood South Atlantic.

El Tribunal, a su juicio, provocó con su decisión de junio una crisis sanitaria en todo el país, dando luz verde a los legisladores estatales para promover proyectos de ley de “crueldad reprochable”.

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La Cámara Baja estadounidense dio su visto bueno el 15 de julio a la protección del derecho al aborto con la aprobación de dos proyectos de ley cuya tramitación depende ahora del Senado, donde los demócratas gozan de una ajustada mayoría y necesitarán el apoyo de diez republicanos para que salga adelante.

“No nos rendiremos”, subrayó hoy Planned Parenthood, que incidió en su denuncia de que el Supremo privó a las mujeres del control de sus cuerpos y de tomar sus propias decisiones sanitarias para otorgar ese poder a los políticos.