AP.- El juez que está investigando posibles intentos ilegales de influir en las elecciones de 2020 en Georgia está entrando en una pelea sobre si el gobernador Brian Kemp tiene que testificar.

El juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, Robert McBurney, que supervisa al gran jurado especial, programó una audiencia para el jueves por la mañana después de que una disputa entre los abogados del gobernador y el equipo de fiscales de la fiscal de distrito de Fulton, Fani Willis, aumentara de correos electrónicos tensos a presentaciones judiciales en las últimas semanas.

Te puede interesar: El Kremlin ha trasladado a más de mil niños ucranianos a Rusia para darlos en adopción, aseguran expertos de EU

El gobernador republicano busca la reelección en el otoño, pretende evitar hablar con un gran jurado especial que investiga si el expresidente Donald Trump y sus aliados violaron alguna ley mientras trataban de revocar la estrecha pérdida electoral de Trump ante el demócrata Joe Biden. Los abogados de Kemp han acusado a Willis, una demócrata, de perseguir su testimonio con “fines políticos inadecuados“, una acusación que la fiscal de distrito negó.

Willis abrió la investigación a principios del año pasado, impulsada por una llamada telefónica en enero de 2021 entre Trump y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, durante la cual el entonces presidente sugirió que el máximo funcionario electoral del estado podría “encontrar” los votos necesarios para anular su pérdida. Pero el alcance de la investigación se ha ampliado considerablemente desde entonces.

Raffensperger y algunos otros funcionarios estatales ya han comparecido ante el gran jurado especial, pero Kemp tiene la posibilidad de testificar.

Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, cuyas llamadas telefónicas a Raffensperger y su personal en las semanas posteriores a las elecciones son de interés para los fiscales, se suponía que testificaría a principios de esta semana, pero un tribunal federal de apelaciones lo dejó en suspenso mientras lucha contra su citación.

Una jueza de Texas ordenó la semana pasada al abogado y a Jacki Pick, con sede en Dallas, que viajara a Atlanta para testificar, y su intento de impugnar esa orden fue denegado el martes por un tribunal de apelaciones. Pick, también conocida como Jacki Deason, hizo una presentación ante un comité legislativo de Georgia en diciembre de 2020 en la que mostró un video de vigilancia del State Farm Arena en Atlanta y el presunto fraude por parte de los trabajadores electorales allí. Raffensperger desacreditó el video y dijo que no había pruebas de fraude en el lugar.

Willis ha dicho que está considerando convocar al propio Trump para que comparezca ante el gran jurado, un paso que seguramente desencadenaría una pelea legal. La investigación de alto riesgo es una de una serie de graves amenazas legales a las que se enfrenta el expresidente.

Willis dijo al abogado de Kemp Brian McEvoy en un correo electrónico que ella y su equipo querían preguntar al gobernador, entre otras cosas, sobre la llamada entre Trump y Raffensperger. Trump también llamó a Kemp en diciembre de 2020 pidiéndole que ordenara una sesión legislativa especial para asegurar los votos electorales del estado para él.

También puedes leer: EU exige a Rusia no enjuiciar a los prisioneros de guerra ucranianos cautivos en Mariúpol

La oficina del fiscal de distrito recibió una citación para que el gobernador testificara el 18 de agosto, según las presentaciones judiciales. Anterior a la cita, los abogados de Kemp presentaron una propuesta para anular esa citación.

Durante la audiencia del jueves, McBurney determinará si Kemp tiene que acatar la citación.

Los abogados de Kemp argumentan que está protegido de testificar sobre sus deberes oficiales por la “inmunidad soberana”, un principio que dice que el estado no puede ser demandado sin su consentimiento.

El equipo de Willis ha argumentado que la inmunidad soberana y el privilegio ejecutivo no se aplican en este caso y que evitarían cualquier tema que pueda estar sujeto al privilegio abogado-cliente.