EFE.- Los abogados del gobierno de Estados Unidos reiteraron su petición para que se les permita seguir revisando e investigando el material incautado, que está catalogado como secreto o clasificado, de la mansión del expresidente Donald Trump en Florida.

En un escrito agregado al expediente en las últimas horas, el fiscal Juan Antonio González sostiene que la petición del gobierno para que la jueza deje en suspenso parte de la orden por la que el 5 de septiembre aceptó la designación de un perito especial, como pedía Trump, para revisar los documentos recuperados en una mansión del expresidente “busca una reparación limitada pero crítica”.

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En concreto, la parte de la orden judicial que el gobierno quiere que no se aplique hasta que la Corte de Apelaciones del Undécimo Distrito se pronuncie, es la prohibición de seguir revisando el material incautado o utilizarlo en el marco de la investigación penal abierta a Trump hasta que el perito especial no finalice su análisis o hasta una nueva orden judicial.

González indicó en el documento que tan sólo quieren seguir manejando “poco más de 100 registros marcados como clasificados”, cuya “retención no autorizada puede constituir un delito” y cuya divulgación podría producir un “daño a la seguridad nacional, incluyendo ‘algunos excepcionalmente graves'”.

El pasado 8 de agosto, en el marco de una investigación abierta al expresidente, agentes del FBI registraron su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, y hallaron una cantidad importante de documentos, algunos de ellos con etiquetas que decían “alto secreto”, “secreto” o “clasificado”.

El expresidente republicano respondió demandando al gobierno en los tribunales de Palm Beach. El caso recayó en Aileen Cannon, una jueza nacida en Colombia y nombrada precisamente por Trump cuando estaba en la Casa Blanca.

La decisión de Cannon de aceptar la designación de un perito independiente para revisar los documentos hallados en Mar-a-Lago, como pidió Trump, le ganó numerosas críticas.

Entre otras razones para solicitar a la jueza Cannon que deje en suspenso parte de su orden, el fiscal dice que “el demandante (Trump) no puede establecer plausiblemente ningún derecho de propiedad o privilegio” sobre los documentos incautados.

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Según González, cuando Trump dijo que se trata de un caso de “almacenamiento de documentos”, similar a un “escenario de libro de biblioteca atrasado”, dejó de lado “los daños potenciales que podrían causar el mal manejo de información clasificada o los estrictos requisitos impuestos por la ley para el manejo de dichos materiales”.

También asegura el fiscal que hay perjuicios “irremediables” para el gobierno y el público “mientras la Orden del Tribunal en cuanto a esos registros permanezca en vigor”.

Por el contrario, agrega, “la suspensión parcial no impondría ningún daño cognoscible al demandante”.

El escrito de González responde a otro de los abogados de Donald Trump en el que pidieron a la jueza que no deje al gobierno “saltarse el proceso” y rechace la petición de suspender parcialmente su orden.