La administración de Joe Biden está negociando con México un acuerdo para llevar a cabo deportaciones a gran escala de migrantes de otros países desde el próximo mayo, reveló The Washington Post.

De acuerdo con declaraciones de cuatro funcionarios al diario estadounidense, las deportaciones de decenas de miles de migrantes de terceros países comenzarían en mayo, cuando termine la emergencia nacional por la Covid y con ella, el Título 42, la norma de la era Trump con la que se expulsaba de inmediato a los migrantes.

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"Funcionarios estadounidenses y mexicanos dijeron que las dos naciones no han llegado a un acuerdo sobre las deportaciones. Pero el plan en discusión reforzaría las medidas que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se prepara para anunciar la próxima semana para penalizar las solicitudes de asilo de aquellos que cruzan ilegalmente a los Estados Unidos o no solicitan protección en las naciones por las que transitan en el camino a la frontera de EU", indicó el diario.

De acuerdo con la publicación, las deportaciones se llevarían a cabo mediante el proceso conocido como "expulsión acelerada", según contaron funcionarios con conocimiento sobre los planes que hablaron bajo condición de anonimato.

"Los avisos emitidos por el DHS el mes pasado hacen múltiples referencias a que México acepta las ‘remociones’, el término del gobierno para las deportaciones, cuando expiren las restricciones fronterizas del Título 42 relacionadas con la pandemia", afirma el WP.

Los funcionarios de migración estadounidenses a veces han tratado de enviar deportados a países diferentes a sus lugares de origen cuando sus naciones se niegan a aceptarlos, pero no en la escala que está considerando la administración de Biden.

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"México es el eje del plan. Las autoridades allí se han resistido durante mucho tiempo a aceptar de regreso a los deportados estadounidenses que no son ciudadanos mexicanos, pero el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado una amplia voluntad de ayudar a Washington con las medidas de control fronterizo", revelaron los funcionarios.

México insistido en reiteradas ocasiones en que no aceptará convertirse en un "tercer país seguro", es decir, que no permitiría a Estados Unidos enviarle a todos los solicitantes de asilo mientras llevan sus procesos legales de ingreso.

Este plan de deportación sería diferente porque permitiría a las autoridades mexicanas mantener el control sobre elementos clave, como las nacionalidades de las personas sujetas a deportaciones formales, según revelaron los funcionarios.

Los funcionarios mexicanos no dieron detalles sobre la naturaleza de las conversaciones en temas migratorios.

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"Hay conversaciones en curso sobre los diferentes escenarios dado el cambiante panorama legal, político y de movilidad humana", respondió Roberto Velasco, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a The Washington Post.

"Hasta el momento, no hay decisiones sobre los próximos pasos para nuestra cooperación migratoria", acotó.

De acuerdo con el diario, uno de los mayores desafíos para el acuerdo migratorio es el "temor de larga data de que Estados Unidos podría intentar imponer sus problemas de migración a su vecino del sur".