EFE.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este martes que los parlamentos estatales puedan aprobar nuevos mapas electorales sin la supervisión de los tribunales del estado, como pedían los legisladores conservadores de Carolina del Norte.

En el centro del debate se encontraba una controvertida teoría legal, apoyada por los seguidores del exmandatario Donald Trump, que sugiere que los legisladores estatales tienen una autoridad prácticamente absoluta en materia electoral, que ni la justicia estatal ni la Constitución del territorio pueden limitar.

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En una larga decisión escrita por el presidente del Supremo, John Roberts, y apoyada por seis de los nueve jueces, el alto tribunal rechaza esta interpretación de la Constitución, asegurando que “la cláusula electoral no aísla a los parlamentos estatales del ejercicio ordinario de la supervisión judicial”.

La causa concreta, “Harper contra Moore”, se refería al mapa electoral que el Congreso estatal de Carolina del Norte, en manos de los republicanos, trazó tras la publicación del nuevo censo en 2020, y que el Tribunal Supremo del estado consideró que favorecía a los conservadores que iban en contra de las protecciones constitucionales al voto.

Sin embargo, en las elecciones de medio mandato de noviembre pasado, los conservadores retomaron el control del Supremo estatal, que invalidó su decisión sobre el mapa electoral, por lo que la defensa, liderada por el gobierno de Estados Unidos, argumentó que el caso estaba obsoleto y no era necesaria una decisión.

Los legisladores de Carolina del Norte, sin embargo, pidieron al tribunal que alcanzara una decisión respecto al trasfondo del caso, la controvertida teoría legal sobre la independencia de los parlamentos estatales, que según los expertos podría haber cambiado totalmente la forma en que se llevan a cabo elecciones en el país.

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Y es que, según muchos analistas, aceptar la teoría podría permitir manipulaciones del resultado electoral como la que Trump y sus aliados trataron de promover tras las elecciones presidenciales de 2020.