EFE.- Más de 160 organizaciones de derechos civiles enviaron este miércoles una carta que urge a los congresistas a “denunciar inequívocamente la retórica de supremacismo blanco y antimigrante“, cuando se cumplan mañana cuatro años de la matanza de 23 personas en un supermercado de El Paso, Texas, en su mayoría latinos.

Las organizaciones, entre ellas la Liga Antidifamación, el Southern Poverty Law Center, UnidosUS y America’s Voice, solicitan también en la carta al liderazgo congresional condenar el uso de la retórica de odio por parte de congresistas, “y alentar a los miembros de sus bancadas a abstenerse de usarla”.

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“Pese a repetidos actos de odio y violencia inspirados por la retórica conspirativa, algunos miembros del Congreso siguen invocando teorías de conspiración antisemitas y antimigrantes que han inspirado múltiples ataques violentos“, indicó en un comunicado el grupo America’s Voice.

Entre esos actos la agrupación citó el tiroteo de El Paso del 3 de agosto de 2019 contra la comunidad latina que dejó 23 muertos en un centro comercial de El Paso, así como atentados contra afroamericanos en Buffalo (Nueva York) y judíos en Pittsburgh (Pennsylvania), entre otros.

“Miembros del Congreso se han referido a los migrantes y solicitantes de asilo como ‘invasores‘ en cuando menos 90 ocasiones en su capacidad (como legisladores) en audiencias, en la tribuna o en boletines de prensa oficiales, solamente en la actual legislatura”, acotó.

El autor de la matanza de 2019 en El Paso, Patrick Crusius, confesó después de su arresto haber publicado un manifiesto con proclamas antimigrantes y de nacionalismo blanco, y reconoció que su ataque había sido dirigido a mexicanos.

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El pasado 7 de julio, Crusius fue sentenciado a 90 cadenas perpetuas por ese ataque, luego de haberse declarado culpable en febrero pasado de 90 cargos federales de asesinato y crímenes de odio, a cambio de lo cual el gobierno estadounidense no pidió la pena de muerte.

Fiscales de Texas planean llevarlo nuevamente a juicio por el mismo tiroteo en un proceso estatal en el que buscarán la pena capital.