AP.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles un requisito de presentar una prueba de ciudadanía para darse de alta en el padrón electoral, una propuesta que los republicanos han promovido como tema de debate en un año de elecciones, aun cuando se ha revelado que los casos de no ciudadanos que se registran y votan ilegalmente en comicios federales son sumamente raros.
Es poco probable que la medida, la cual fue aprobada prácticamente en bloques partidistas —pero que incluyó el voto a favor de cinco demócratas—, logre avanzar en el Senado, donde los demócratas son mayoría. El gobierno del presidente Joe Biden también dice que se opone firmemente debido a que ya existen salvaguardas para impedir que los no ciudadanos puedan votar.
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Aun así, la votación en la Cámara de Representantes les dará a los republicanos una oportunidad de atraer la atención a dos de sus temas prioritarios este año: la seguridad fronteriza y electoral.
Además, les brinda la oportunidad de fomentar las afirmaciones del expresidente Donald Trump de que los demócratas han alentado la llegada de migrantes con el fin de poder registrarlos en el padrón electoral, lo cual sería ilegal. A los no ciudadanos no se les permite votar en elecciones federales ni estatales.
Investigaciones y auditorías realizadas en varios estados revelan que ha habido casos de no ciudadanos que se han registrado y votado con éxito, pero esto ocurre muy rara vez y suele ser por error. Los estados tienen mecanismos para comprobarlo, aunque no existe un protocolo estándar.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson —uno de los principales defensores de la iniciativa de ley—, dijo en conferencia de prensa esta semana que la oposición del Partido Demócrata significa que muchos demócratas “quieren que los ilegales participen en nuestras elecciones federales; quieren que voten”.
En un discurso del miércoles, dijo que estas elecciones son un “momento decisivo para una generación”.
“Si sólo un pequeño porcentaje, una fracción de una fracción de todos esos ilegales que Joe Biden ha traído aquí para que voten, si votan, no sólo cambiaría una contienda”, dijo. “Podría cambiar potencialmente todas nuestras contiendas”.
Trump insinuó esta semana en su red Truth Social que los demócratas intentan darle a los migrantes no ciudadanos el derecho al voto, e instó a los republicanos a aprobar la iniciativa —la Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad del Votante Estadounidense, o Ley SAVE— o “irse a casa y llorar hasta que se duerman”.
La fijación con el voto de los no ciudadanos forma parte de una estrategia más amplia y a largo plazo de la campaña de Trump para poner en duda la validez de unas elecciones en caso de que pierda, y ha impulsado constantemente esa narrativa durante sus mítines de campaña este año. El mes pasado dijo a sus partidarios en Las Vegas: “La única forma de que nos ganen es haciendo trampa”. También forma parte de una estrategia de campaña republicana más amplia, en la que legisladores republicanos de diversas partes del país aprueban leyes estatales e incluyen medidas sobre el voto de los no ciudadanos en las boletas estatales para noviembre.
Un demócrata que votó a favor del proyecto de ley republicano, el representante Vincente Gonzalez, dijo que sólo lo hizo porque dicho proyecto está condenado a morir en el Senado.
“No va a ninguna parte”, dijo Gonzalez, que representa a un competido distrito fronterizo en Texas. “Es sólo otro proyecto de ley de los republicanos para enviar un mensaje”.
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La mayoría de los demócratas y los defensores de los derechos electorales han dicho que la iniciativa de ley es innecesaria porque ya es un delito grave que los no ciudadanos se registren para votar en las elecciones federales, y que éste se castiga con multas, prisión o deportación. Toda persona que se inscriba debe declarar bajo pena de perjurio que es ciudadano estadounidense. Los no ciudadanos tampoco pueden votar a nivel estatal. Un puñado de municipios les permiten votar en algunas elecciones locales.
Además, han hecho referencia a encuestas que muestran que millones de estadounidenses no tienen fácil acceso a pruebas documentales actualizadas de su ciudadanía, tales como un certificado de nacimiento, un certificado de naturalización o un pasaporte, y por lo tanto, el proyecto de ley podría inhibir a los electores estadounidenses que no pueden demostrar su estatus con más pruebas.
Durante el debate del miércoles en el pleno de la cámara baja, el representante Joe Morelle, principal demócrata de la Comisión de Administración de la Cámara de Representantes, se dijo preocupado de que el proyecto de ley privaría de sus derechos a diversos ciudadanos estadounidenses.
Mencionó a miembros de las fuerzas armadas emplazados en el extranjero que no podrían mostrar en persona pruebas documentales de ciudadanía en una oficina electoral, al igual que mujeres casadas cuyos nombres han cambiado, indígenas estadounidenses cuyos carnés tribales no muestran su lugar de nacimiento, y sobrevivientes de desastres naturales que han perdido sus documentos personales.
Morelle dijo que él no considera que el proyecto de ley sea un intento de mantener las listas de votantes, sino que para él forma parte de planes más amplios encabezados por los republicanos para cuestionar la validez de las próximas elecciones.
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“El falso alegato de que existe una conspiración para registrar a no ciudadanos es un pretexto para intentar revocar los comicios de 2024, lo que podría derivar en otra tragedia el 6 de enero de 2025”, advirtió.
Sin embargo, los republicanos que apoyan el proyecto de ley afirman que la reciente oleada sin precedentes de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos crea un riesgo demasiado grande de que los no ciudadanos pasen desapercibidos y emitan votos que influyan en las contiendas de noviembre.
“Cada voto ilegal anula el voto de un ciudadano estadounidense legal”, dijo el republicano Bryan Steil, presidente de la Comisión de Administración de la Cámara de Representantes.
De ser aprobado, el proyecto de ley requeriría que se borrara a los no ciudadanos de los padrones electorales estatales y exigiría a los nuevos solicitantes que presenten pruebas documentales de su ciudadanía estadounidense. También obligaría a los estados a establecer un proceso para que los solicitantes que no puedan demostrarlo aporten otras pruebas además de su declaración de ciudadanía, aunque no está claro qué pruebas podrían incluir.