EFE.- Nueve centros de detención de migrantes en Louisiana incumplen sistemáticamente los mínimos estándares de atención, lo que permite abusos generalizados y tratos inhumanos a los reos, según revela una investigación publicada por una coalición de grupos de derechos civiles.
La investigación, encabezada por la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU, en inglés) y que analizó los datos obtenidos durante 59 visitas a los centros de detención entre 2022 y 2024, halló que los centros estarían violando las leyes federales y de derechos humanos.
Los migrantes detenidos denunciaron agresiones físicas, abusos sexuales, negación de medicamentos recetados para la epilepsia y la diabetes, y la falta de acceso a productos de higiene femenina, entre otras cosas.
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El informe, basado en entrevistas a más de 6 mil 200 personas detenidas, documenta abusos como el uso de grilletes dentro de la cárcel, el aislamiento prolongado, alimentos infestados de cucarachas en los centros del Servicio de Control de Aduanas y Migración (ICE), un 98% administrados por compañías particulares.
Louisiana es uno de los estados con mayor número de centros de detención de migrantes del país, sólo superado por Texas, con más de 6 mil migrantes. La mayoría de las cárceles se encuentran en zonas rurales, lo que mantiene a los detenidos alejados de los abogados y de sus familias.
Louisiana también tiene la única cárcel del ICE en Estados Unidos conectada directamente a un aeropuerto.
"Hemos escuchado historias horribles que han sido corroboradas por una amplia documentación. Nuestros hallazgos respaldan aún más lo que las personas detenidas y sus defensores han exigido durante mucho tiempo: las cárceles del ICE de Luisiana deben cerrarse", dijo en un comunicado Sarah Decker, coautora del informe y abogada de Robert F. Kennedy Human Rights, una de las organizaciones que hizo parte de la investigación.
Por su parte, Andrew Perry, abogado de la ACLU de Louisiana, considera que el gobierno federal ha convertido la detención de inmigrantes en "una máquina de ganancias" a expensas tanto de los solicitantes de asilo como de los residentes de larga data de los Estados Unidos.
El abogado insistió en que "estas instalaciones deben cerrarse".