EFE.- Un gran jurado federal en Miami acusó formalmente a la congresista demócrata por Florida Sheila Cherfilus-McCormick de presuntamente sustraer fondos federales destinados a reparar desastres, que habría destinado a financiar su campaña al Congreso en 2021.
Según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en 2021, un año antes de que Cherfilus-McCormick fuera elegida miembro del Congreso, una empresa de atención médica que ella dirigía recibió un pago indebido de 5 millones de dólares en un contrato financiado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) relacionado con las vacunas contra el Covid-19.
Cherfilus-McCormick, de 46 años, ha sido acusada junto a su hermano Edwin Cherfilus, de 51, ya que ambos trabajaban en la empresa familiar que se hizo con los fondos.
Te podría interesar
La acusación alega que ambos conspiraron para robar esos 5 millones de dólares y los canalizaron a través de múltiples cuentas para ocultar su origen, según el comunicado.
Los fiscales alegan que una parte sustancial de los fondos malversados se utilizó como contribuciones a la campaña al Congreso de Cherfilus-McCormick en 2021 y para el beneficio personal de los acusados.
La acusación formal alega además que Cherfilus-McCormick y otro de los encausados, Nadege Leblanc, de 46 años, gestionaron contribuciones adicionales mediante testaferros, canalizando otros fondos del contrato para el Covid-19 financiado por FEMA a amigos y familiares, quienes luego donaron a la campaña como si se tratara de su propio dinero.
“Utilizar fondos de ayuda para desastres para enriquecimiento personal es un delito particularmente egoísta y cínico”, declaró la Fiscal General Pamela Bondi, según la nota.
“Nadie está por encima de la ley, y mucho menos las personas poderosas que roban a los contribuyentes para su beneficio personal. Seguiremos los hechos de este caso y haremos justicia”, agregó.
De ser declarada culpable, Cherfilus-McCormick podría afrontar hasta 53 años de prisión. Edwin Cherfilus también podría sufrir una pena de 35 años.