A un mes de que Kilmar Ábrego García fuera deportado por un "error administrativo" al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador por el gobierno de Estados Unidos y luego presuntamente trasladado a otra prisión, su retorno sigue en vilo en medio de las confrontaciones del presidente de Donald Trump con los jueces que investigan las violaciones a los fallos contra las deportaciones de migrantes. 

Ábrego García es un salvadoreño que fue acusado de pertenecer a la banda criminal MS-13 (Mara Salvatrucha), declarada como grupo terrorista al inicio del segundo mandato del mandatario republicano, y ahora señalado por el Departamento de Seguridad de tener antecedentes de violencia intrafamiliar en el país.

Desde que fue aprehendido el pasado 12 de marzo en una tienda Ikea en Baltimore, su esposa Jennifer Vásquez, ciudadana estadounidense, se ha manifestado para exigir el regreso de Kilmar, quien contaba con una sentencia emitida desde 2019 que prohibía su deportación del país.

Cientos de personas se han unido a Jennifer para expresar su apoyo al migrante deportado.

Recientemente, en redes sociales, el Departamento de Seguridad publicó un documento de 2016 en el que se muestra una orden de restricción solicitada por la esposa del salvadoreño, con la que argumentan que contaba con un historial de violencia.

Además, han señalado que el hombre fue detenido en ese entonces presuntamente mientras vestía el uniforme de la MS-13 y portaba dinero en efectivo, en compañía de otros miembros del grupo criminal.

El caso de Kilmer data desde 2019, cuando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo detuvo por primera vez, donde fue cuestionado sobre si pertenecía a una pandilla pese a negar las acusaciones.

ICE aseguró que contaba con datos entregados por un informante que sí formaba parte de la MS-13 en Nueva York.

Entre los argumentos de defensa de Kilmar se señaló que nunca había vivido en ese estado y aseguró que solicitaría asilo, por lo que el juez de migración permitió que fuera liberado. 

Tras ser rechazada su solicitud, su caso se mantuvo vigente por lo que anualmente se reportaba ante el ICE, sin embargo, en marzo pasado fue aprehendido nuevamente por las autoridades migratorias cuando estaba en compañía de uno de sus hijos, y posteriormente deportado a una cárcel máxima seguridad en El Salvador junto con otras personas acusadas de ser miembros del Tren de Aragua y el MS-13.

Con el regreso de Donald Trump a la presidencia se endurecieron las políticas migratorias y como lo había anunciado en campaña, comenzaron las deportaciones masivas de migrantes sin documentos e incluyó a diversos cárteles latinoamericanos en la clasificación de terroristas.

Además, derivado de las tensiones generadas por la eliminación de diversas dependencias gubernamentales y cambio a las políticas del país, Trump se ha confrontado con jueces acusándolos de extralimitarse en sus funciones al investigar los casos donde los fallos han salido a favor de los migrantes que se buscaban deportar.

En medio de la polémica del caso de Kilmar, la Casa Blanca dijo que la deportación se derivó de un "error administrativo", pero que correspondía a El Salvador poder regresarlo, y en la más reciente visita de Nayib Bukele a Estados Unidos este rechazó que pudiera hacerlo.

En la batalla legal que libra la defensa de Ábrego García obtuvo la sentencia de un juzgado que ordenaba su regreso a Estados Unidos, pero esta no ha sido cumplimentada.

Ante ello, la jueza de distrito Paula Xinis en Greenbelt, Maryland ordenó a funcionarios estadounidenses que proporcionen documentos y respondan preguntas bajo juramento sobre lo que habían hecho para garantizar el regreso de Kilmar Ábrego García.

Hecho que ha generado confrontaciones con el gobierno de Trump, que insiste en que el salvadoreño es miembro de la Mara Salvatrucha.

Con información de EFE y AP