El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) informó que el esquema de fraude por tiempos compartidos en México implementado por los cárteles de la droga dejó entre 2019 y 2024 aproximadamente unas 6 mil víctimas y se reportaron pérdidas de 350 millones de dólares.
La dependencia publicó en su sitio web una acusación en contra de Julio César Montero Pinzón y su media hermana Griselda Margarita Arredondo Pinzón por su participación en una operación de fraude dirigida a ciudadanos estadounidenses propietarios de tiempos compartidos en México.
De acuerdo con la acusación del DOJ, el dinero obtenido por esta operación fraudulenta habría sido lavado y utilizado para financiar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales designados como organización terrorista por parte de la administración del presidente Donald Trump.
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Las acusaciones abarcan tres cargos: fraude electrónico, lavado de dinero y terrorismo. De recibir una sentencia condenatoria, los acusados podrían ser acreedores a 20 años de prisión por cada cargo.
Las autoridades estadounidenses señalan que los adultos mayores son las víctimas más frecuentes de este tipo de fraudes, y los grupos criminales utilizan estos ingresos para diversificar sus ingresos y financiar otras actividades delictivas como el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas.
El comunicado señala que esta operación, que ha funcionado por más de una década (desde 2012) y ha explotado a miles de víctimas, es un reflejo de la sofisticación del cártel en el desarrollo de mecanismos para financiar sus actividades.
El documento detalla que el fraude consiste en localizar propietarios de tiempos compartidos ubicados en México, a quienes se les ofrecía comprarlo o rentarlo. Luego, se solicitaba a la víctima una cuota por adelantado a cambio de realizar la operación, cantidad que se prometía devolver, lo cual no ocurría.
En ocasiones, se daba seguimiento a este fraude, haciéndose pasar por abogados u oficiales de la ley que ofrecían una solución al robo, solicitando nuevamente una cuota por adelantado.
La complejidad de la operación abarca diversas capas, informó el agente especial Harry T. Chavis de la oficina fiscal estadounidense: se dividía entre quienes rastreaban a las posibles víctimas, quienes manipulaban documentos y sitios web, quienes escondían el dinero obtenido y quienes gestionaban su uso para fines criminales.
“Este fraude masivo y multimillonario obligaba a los propietarios de tiempo compartido a pagar por adelantado para vender o alquilar sus tiempos compartidos, solo para ser víctimas de la falsa promesa de recibir el dinero posteriormente", agregó.
Margarita Arredondo Pinzón fue sancionada el año pasado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) junto con otras personas y empresas vinculadas con el CJNG por esta forma de fraudes.