EFE.- El gobierno de Estados Unidos inició el traslado de migrantes a una prisión de máxima seguridad en Louisiana, la más grande del país, donde en el pasado se han denunciado abusos contra los reclusos y problemas de hacinamiento.
Las autoridades han trasladado hasta el momento a 51 migrantes a la prisión, que tiene capacidad para más de seis mil internos, y planean añadir unas 416 camas más, según anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés).
El uso de la prisión, conocida como "Angola", para retener a migrantes llega tras un acuerdo entre el gobierno estatal de Louisiana y la administración Trump, similar a los que se han firmado con Florida o Indiana, para expandir la capacidad de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés).
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Tras la histórica asignación de fondos para la agenda antimigratoria de Trump, incluida en el paquete presupuestario aprobado por el Congreso el pasado julio, el DHS ha intensificado sus esfuerzos para alcanzar la meta de contar con 80 mil camas adicionales para la detención de migrantes.
Actualmente, Estados Unidos mantiene tras las rejas a más de 61 mil 200 migrantes, el número más alto en varios años. Casi la mitad de estos, un 45%, no tienen antecedentes criminales, según datos recopilados por el investigador de la Universidad de Syracuse, Austin Kocher.
En la prisión de Louisiana, los migrantes estarán retenidos en una sección conocida coloquialmente como "El Calabozo", ya que la mayoría de las celdas son usadas para confinamiento solitario, según indicó la cadena Fox News.
La cárcel, ubicada cerca del río Mississippi, al norte del estado, fue creada a finales del siglo XIX con la unión de varias plantaciones y se convirtió en una prisión de trabajos forzados.
A lo largo de su historia, ha sido el lugar de denuncias de abusos como la explotación, maltrato y muerte de reclusos, ganándose el apodo de la prisión "más sangrienta" de Estados Unidos.
Más recientemente, en el 2023, la Asociación de Libertades Civiles Americanas (ACLU), presentó una demanda al Gobierno por el maltrato de los menores de edad que estaban siendo recluidos allí.