AP.- Un grupo de asistencia legal presentó una demanda para bloquear preventivamente cualquier esfuerzo del gobierno de Estados Unidos para deportar a una docena de menores hondureños, afirmando que tenía información "creíble" de que esos planes estaban en marcha de manera silenciosa.
El Proyecto Florence por los Derechos de migrantes y Refugiados (FIRRP, por sus siglas en inglés), con sede en Arizona, añadió el viernes a los menores hondureños a una demanda presentada el pasado fin de semana por la que un juez bloqueó temporalmente la deportación de docenas de niños migrantes a su natal país: Guatemala.
En un comunicado, la organización explicó que había recibido informes de que el gobierno de Estados Unidos "avanzará inminentemente con un plan para retirar ilegalmente a menores hondureños bajo custodia gubernamental —tan pronto como este fin de semana—, en violación directa de su derecho a buscar protección en el país y a pesar del litigio en curso que bloqueó intentos similares de remociones extralegales para niños de Guatemala".
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De momento, el FIRRP no ha proporcionado a The Associated Press detalles sobre la información que había recibido acerca de la posible deportación de niños hondureños. La enmienda a la demanda de la organización está sellada en el tribunal federal.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las solicitudes de comentarios por correo electrónico el viernes y sábado.
El Departamento de Justicia proporcionó el sábado quizás su relato más detallado de un caótico fin de semana del Día del Trabajo que involucró el intento de deportación de 76 menores guatemaltecos.
Su cronología fue parte de una solicitud para levantar una suspensión temporal sobre su remoción.
Durante esos días, el gobierno del presidente Donald Trump intentó deportarlos, ellos habían llegado solos a Estados Unidos y estaban viviendo en refugios o con familias de acogida en el país.
Abogados que representan a estos niños en la corte presentaron demandas en todo el país buscando impedir que el gobierno los expulse, y el domingo pasado un juez federal intervino para ordenar que permanezcan en Estados Unidos por al menos dos semanas.
El gobierno inicialmente identificó a 457 niños guatemaltecos para su posible deportación, según el documento presentado el sábado.
Ninguno podía tener un examen de asilo pendiente o una solicitud, lo que resultó en el retiro de 91 de ellos, debían contar con padres o tutores legales en Guatemala y tener al menos de 10 años de edad.
Al final, 327 menores fueron considerados elegibles para deportación, incluidos 76 que abordaron aviones temprano el domingo en lo que el gobierno describió como una primera fase, según una declaración de Angie Salazar, directora interina de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
Todos los que viajaron tenían al menos 14 años de edad e "informaron por ellos mismos" que tenían un padre o tutor legal en Guatemala, pero ninguno en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia dijo que no despegaron aviones, a pesar de un comentario de uno de sus abogados en la Corte el domingo de que uno podría haberlo hecho, pero regresó.
Los menores comenzaron a cruzar la frontera solos en grandes números en 2014, alcanzando un pico de 152 mil 060 en el año fiscal de 2022.
La cifra de arrestos de julio se traduce en un ritmo anual de cinco mil 712, reflejando cómo los cruces ilegales han caído a sus niveles más bajos en seis décadas.
Los guatemaltecos representaron el 32% de los residentes en instalaciones de detención administradas por el gobierno el año pasado, seguidos por hondureños, mexicanos y salvadoreños.
Una ley de 2008 requiere que los niños comparezcan ante un juez de migración con la oportunidad de solicitar asilo, a menos que sean de Canadá y México.
La gran mayoría son liberados de los refugios a padres, tutores legales o familiares directos, al tiempo que sus casos avanzan en la Corte.
Abogados del Departamento de Justicia dijeron que la ley federal permite al Departamento de Salud y Servicios Humanos "repatriar" o "reunir" a los menores sacándolos de Estados Unidos, siempre que no haya sido víctima de la trata de personas, no esté en riesgo de convertirse en tal si es devuelto a su país natal y no enfrente un "miedo creíble" de persecución ahí.
El menor tampoco puede ser repatriado si tiene una solicitud de asilo pendiente.
La demanda del FIRRP fue enmendada para incluir a 12 menores más de Honduras que han expresado al Proyecto "Florence" que no quieren regresar, así como a otros cuatro niños de Guatemala que han ingresado a la custodia gubernamental en Arizona desde que la demanda fue presentada inicialmente la semana pasada.
Algunos niños tienen padres que ya están en Estados Unidos.
La demanda exige que el gobierno conceda los niños su derecho legal a presentar sus casos ante un juez especializado en el tema, tener acceso a asesoría legal y ser colocados en el entorno menos restrictivo que sea en el mejor interés de ellos.