EFE.- El Pentágono ordenó a unos mil 500 soldados que se preparen para un posible despliegue en Minnesota después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con invocar la Ley de Insurrección para frenar los disturbios en el estado, según informaron varios medios este domingo.
El mandatario aseguró que "si se ve obligado" aplicará uno de los poderes de emergencia más poderosos que le permite desplegar al Ejército para reprimir episodios de desorden civil.
El estado está siendo testigo de varios días de protestas contra los agentes federales del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) después de la muerte de una ciudadana estadounidense en Mineápolis tras recibir varios disparos por parte de un agente.
Te podría interesar
Días más tarde, un hombre resultó herido tras recibir un tiro a manos de otro de los efectivos en la misma zona.
Tras la amenaza del presidente, el Departamento de Defensa activó a dos batallones de infantería de la 11 División Aerotransportada del Ejército, con base en Alaska, por si Trump decide aplicar la ley.
Varios funcionarios consideraron, en declaraciones a The Washington Post, que se trata de "una planificación prudente" y que no significa que vayan a enviarlos al estado.
En los últimos días, las tensiones entre los agentes federales y los vecinos del estado han ido en aumento.
Los miembros del ICE han lanzado gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para disuadir las protestas y los manifestantes han utilizado fuegos artificiales contra los efectivos.
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, que han condenado la presencia de los agentes federales desde que Trump decidió desplegarlos, han denunciado que la actuación de los agentes va más allá de un control migratorio.
Frey aseguró que los agentes están tratando de provocar a los manifestantes para crear un pretexto con el que justificar el envío de tropas a la ciudad.
La última vez que se usó fue en 1992, bajo el mandato de George H.W. Bush en California como respuesta a los disturbios civiles registrados en Los Ángeles tras la absolución de cuatro policías blancos acusados de golpear a un conductor afroamericano.