AP.- El secretario de Estado Marco Rubio defendió el miércoles ante una comisión del Congreso la operación militar para derrocar y arrestar al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, mientras los legisladores republicanos y demócratas ofrecieron interpretaciones diametralmente opuestas de la situación actual.

Rubio dijo al Comité de Relaciones Exteriores del Senado el miércoles que el presidente Donald Trump había actuado para eliminar una gran amenaza a la seguridad nacional en su propio hemisferio con la operación del 3 de enero para deponer a Maduro. Añadió que Estados Unidos estaba más seguro y protegido como resultado y que la administración republicana trabajaría con las autoridades interinas para estabilizar el país sudamericano.

"No vamos a revertir esto de la noche a la mañana, pero creo que estamos haciendo un progreso bueno y decente", declaró Rubio. "Ciertamente estamos mejor hoy en Venezuela de lo que estábamos hace cuatro semanas y creo y espero que estaremos mejor en tres meses, seis meses y nueve meses de lo que hubiéramos estado si Maduro todavía estuviera allí".

El exsenador de Florida dijo que los líderes interinos de Venezuela están cooperando y pronto comenzarán a ver beneficios. A Venezuela se le permitirá vender petróleo que ahora está sujeto a sanciones estadounidenses, con los ingresos destinados a pagar servicios gubernamentales básicos como la policía y la atención médica, indicó Rubio.

Dijo que el dinero de las ventas de petróleo se depositará en una cuenta controlada por el Tesoro de Estados Unidos y se liberará después de que Washington apruebe los presupuestos mensuales que presenten las autoridades venezolanas.

"Los fondos de eso se depositarán en una cuenta sobre la cual tendremos supervisión", señaló Rubio. Venezuela, dijo, "gastará ese dinero en beneficio del pueblo venezolano".

El presidente de la comisión, el senador republicano de Idaho Jim Risch, elogió las decisiones de Trump de remover a Maduro, lanzar ataques contra lanchas sospechosas de contrabandear drogas y confiscar petroleros sancionados.

Risch también ofreció nuevos detalles sobre la operación en Caracas, diciendo que involucró "sólo alrededor de 200 efectivos" y un "tiroteo que duró menos de 27 minutos".

Pero la senadora Jeanne Shaheen de Nueva Hampshire, la principal demócrata del comité, cuestionó si la operación valió la pena, considerando que la mayoría de los principales asesores y lugartenientes de Maduro siguen en el poder y la situación económica allí sigue siendo sombría.

"Hemos cambiado un dictador por otro, así que no es de extrañar que muchos de mis electores se pregunten, ¿por qué el presidente está dedicando tanto tiempo a centrarse en Venezuela en lugar del costo de vida y sus preocupaciones económicas domésticas?" preguntó . "De Venezuela a Europa, Estados Unidos está gastando más, arriesgando más y logrando menos".

Como a menudo se le ha pedido, Rubio estaba tratando de vender una de las prioridades más controvertidas de Trump a sus antiguos colegas en el Congreso. Con la política exterior de la administración oscilando entre el hemisferio occidental, Europa y el Medio Oriente, Rubio también estaba tratando de abordar la alarma que ha surgido últimamente en su propio partido sobre esfuerzos como la demanda de Trump de anexar Groenlandia.

Maduro, quien se ha declarado inocente de cargos federales de narcotráfico en un tribunal de Estados Unidos, se ha mantenido desafiante diciendo que sigue siendo el presidente de Venezuela y ha protestado por su captura.

El Congreso no ha limitado a Trump en Venezuela

Los demócratas del Congreso han condenado las acciones de Trump por exceder la autoridad del Poder Ejecutivo, mientras que la mayoría de los republicanos las han apoyado como un ejercicio legítimo del poder presidencial.

La Cámara de Representantes derrotó por poco una resolución sobre poderes de guerra que habría obligado a Trump a retirar las tropas estadounidenses de Venezuela. Como argumentó Rubio, la administración dice que no hay tropas estadounidenses en el terreno a pesar del gran despliegue militar en la región.

Los demócratas habían argumentado que la resolución era necesaria después de la captura de Maduro y porque Trump ha declarado planes para controlar la industria petrolera del país durante años.

Estados Unidos toma medidas para normalizar los lazos

Mientras mantiene la presión sobre aquellos que llama "narcotraficantes" sin proporcionar evidencia, Washington también está trabajando para normalizar los lazos con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Rubio, en comentarios preparados para la audiencia que no utilizó textualmente, manifestó que ella tiene poca opción más que cumplir con las demandas de Trump.

"Rodríguez es muy consciente del destino de Maduro; creemos que su propio interés se alinea con avanzar en nuestros objetivos", según los comentarios.

La administración ha dicho que sus demandas para Rodríguez incluyen abrir el sector energético de Venezuela a las empresas estadounidenses, proporcionar acceso preferencial a la producción, usar los ingresos del petróleo para comprar bienes estadounidenses y terminar con las exportaciones de petróleo subsidiadas a Cuba.

Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro, aseguró el martes que su gobierno y Estados Unidos han establecido canales de comunicación respetuosos y corteses. Durante declaraciones televisadas, Rodríguez dijo que ella, Trump y Rubio estaban tratando de establecer una agenda de trabajo.

Hasta ahora, ha parecido ceder a las demandas de Trump y liberar a prisioneros encarcelados por el gobierno bajo Maduro y su predecesor, Hugo Chávez.

En un paso clave hacia la restauración de las relaciones diplomáticas entre los dos países, el Departamento de Estado notificó al Congreso esta semana que tiene la intención de comenzar a enviar personal diplomático y de apoyo adicional a Caracas para prepararse para la posible reapertura de la embajada, que cerró en 2019. Sin embargo, la plena normalización de los lazos requeriría que Estados Unidos revoque su decisión de reconocer al parlamento venezolano elegido en 2015 como el gobierno legítimo del país.