EFE.- Al menos 12 congresistas enviaron este viernes una carta a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, exigiendo la aplicación rigurosa de la Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero (FEPA), lo que ahora afecta especialmente a Venezuela, donde las empresas estadounidenses están volviendo a operar tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.
Los líderes de la Comisión de Helsinki de Estados Unidos, el organismo bipartidista y bicameral que supervisa los compromisos estadounidenses en materia de corrupción, derechos humanos y seguridad en Europa y Eurasia, se encargaron de poner en marcha esta iniciativa.
Además, la FEPA se aprobó con un sólido apoyo bipartidista y el respaldo de una coalición de organizaciones políticamente diversas, tras una campaña liderada por Transparencia Internacional Estados Unidos, la rama estadounidense de la ONG fundada en 1993 que lidera un movimiento mundial contra la corrupción, según indicaron desde la propia organización.
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La ley establece como delito que funcionarios extranjeros exijan sobornos a ciudadanos estadounidenses, empresas estadounidenses y cualquier empresa que cotice en la bolsa de valores estadounidense.
En un contexto en el que las empresas estadounidenses están empezando a operar en países como Venezuela, en los que hay entornos de alta corrupción, la ley resulta fundamental.
En enero de 2026, tras la captura de Maduro, se ha producido un giro en las relaciones comerciales con Venezuela y, tras un régimen previo de sanciones, la Casa Blanca habló de inversiones privadas de hasta 100 mil millones de dólares de petroleras interesadas en invertir en el país caribeño.