AP.- El estado de Montana investiga a su ciudad capital. Durante las últimas tres semanas, el Departamento de Justicia estatal ha amenazado con demandar a la ciudad de Helena.

Acompañado por el gobernador el 11 de febrero, el fiscal general estatal Austin Knudsen acusó a Helena de violar una ley estatal que prohíbe a las ciudades dar refugio a migrantes que carecen de autorización para estar en Estados Unidos.

“La ciudad de Helena no crea leyes estatales”, declaró Knudsen durante la conferencia de prensa, la cual se centró en la resolución de enero de los comisionados municipales de Helena, en la que se determinó que la ciudad no colaborará con los agentes federales de migración.

“Esta es claramente una burla del consejo municipal de Helena en la cara de la Legislatura de Montana”, expresó. “Si a la ciudad de Helena no le gusta la ley estatal, la animo a que contrate un abogado, busque un cabildero, venga al Capitolio durante la sesión legislativa de 2027 y haga su mejor intento por cambiar la ley”.

Obligados a estar bajo la lupa, los funcionarios municipales enfrentan una creciente presión pública por parte de los residentes para que se opongan al gobierno del estado. Una reunión especial para discutir posibles cambios a la resolución ha sido programada para el jueves 26 de marzo a las 5:30 de la tarde en el Centro Cívico de Helena.

El lunes, Emily Dean, alcaldesa de Helena, informó que había invitado al fiscal general estatal a discutir la resolución con la ciudad. La semana pasada, Rebecca Dockter, la fiscal municipal, molestó a algunos activistas y partidarios de la resolución al decir a los comisionados que Helena debía “sopesar sus opciones, incluida la de revocar la resolución misma”.

Sólo aproximadamente 2% de los residentes de Montana nacieron en el extranjero, una cifra inferior a la de casi cualquier otro estado. Mientras el presidente Donald Trump presiona al Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para que aumente las detenciones de migrantes que carecen de autorización para vivir en el país, Montana se encuentra entre los estados con el menor número de arrestos.

Activistas, funcionarios y abogados declararon a la organización de noticias Montana Free Press (MTFP) que la lucha se ha convertido en algo que va más allá de la situación de los migrantes no autorizados en Helena, cuya vida podría verse directamente afectada si la policía local accede a cooperar con el ICE.

En última instancia, el conflicto gira en torno a la capacidad de las fuerzas policiales locales para establecer sus propias prioridades, y la capacidad de la ciudad para gobernar de una manera que esté alineada con los valores de sus residentes, agregan.

“Si la comisión municipal considera siquiera votar para derogar la resolución en su totalidad cuando el fiscal general estatal sólo ha señalado algunas secciones como problemáticas, significa que no rinden cuentas a sus votantes”, manifestó Lily Clarke, codirectora de la sede en Helena de Montana for Palestine, un grupo político que aboga por los palestinos, las poblaciones indígenas y los migrantes, entre otros.

Marc Racicot, ex fiscal general estatal y gobernador republicano de Montana, dijo que el conflicto refleja un patrón nacional de disputas jurisdiccionales entre los gobiernos federal, estatal y local sobre quién tiene la potestad en la aplicación de las leyes de migración. Calificó el anuncio público de la investigación como “teatro político”, y dejó entrever que la disputa va más allá de solamente el control migratorio.

“Se trata de cómo asegurar el control y el poder, y grabarlo en la fachada del Capitolio, donde perdurará para siempre”, recalcó Racicot.

A medida que el conflicto se desarrolla, los líderes de los municipios de todo el estado observan con atención. Los críticos y los defensores de la resolución de Helena coinciden en al menos un punto: la forma en que responda la ciudad el jueves, y a futuro, podría tener repercusiones.

“Creo que es un mensaje claro para intentar intimidar a otras ciudades e impedir que hagan algo similar”, le dijo Joey Morrison, el alcalde de la localidad de Bozeman, a MTFP.

Para el entonces representante Barry Usher, republicano de la ciudad de Roundup, quien apoyó la ley de Montana de 2021 que prohíbe a las ciudades dar refugio a migrantes que carecen de autorización —ley que el fiscal general estatal ha invocado—, ese mensaje siempre fue el objetivo.

“Este proyecto de ley no trata sobre racismo ni sobre discriminación racial”, declaró en febrero de 2021 durante una sesión de la Cámara de Representantes. “Este proyecto de ley trata sobre las ciudades santuario y sobre si queremos o no permitir que los municipios locales aprueben una ley de este tipo. Como estado, decimos que no”.

Knudsen y Gianforte declinaron comentar sobre la disputa, mencionando que la investigación está en curso, y remitieron a MTFP a sus declaraciones públicas anteriores. La fiscal municipal, la alcaldesa, el jefe de policía y varios comisionados de Helena también declinaron comentar, y citaron un posible enfrentamiento jurídico con el estado.

Cómo se llegó a esto

Lily Clarke, colíder de la sucursal en Helena de Montana for Palestine, no le dio mucha importancia cuando una amiga la llamó un martes de julio. Pensó que su amiga sólo quería ponerse al día. Sin embargo, le contó a Clarke que había visto cómo “personas sin identificación, en un vehículo sin distintivos” se llevaron a un hombre de piel morena en Helena.

Ese hombre era Christopher Martínez Marván, un mexicano de 31 años que ha vivido intermitentemente en Helena con su familia desde 2008. El vehículo sin distintivos pertenecía a las autoridades federales de migración.

La detención ocurrió a la vez que el gobierno de Trump desplegaba agentes federales de migración en varias ciudades estadounidenses para implementar políticas de deportación masiva, a veces sin procedimientos claros.

Ese día en particular, agentes de la policía de Helena y agentes federales de migración buscaban por separado a dos venezolanos con órdenes de arresto pendientes por delitos violentos cuando la policía de Helena detuvo a Martínez Marván por conducir con placas vencidas.

Mientras los agentes de Helena redactaban una multa de tránsito, llegaron al lugar autoridades federales. Las imágenes de la cámara corporal grabaron a un agente de la policía de Helena decirle a un colega: “Sí, como que, como que lo están secuestrando ahora mismo”, mientras Martínez Marván era interrogado por agentes federales, quienes luego lo detuvieron por estar en el país sin autorización, según documentos judiciales.

Clarke llamó a otro organizador local con Waking Giant, un grupo activista centrado en la ayuda mutua, la vivienda y la democracia. Ambos se dirigieron a la avenida Montana, una de las calles más transitadas de Helena, donde se llevó a cabo la detención. Al llegar, la camioneta pickup roja de Martínez Marván estaba estacionada al costado de la vialidad. Su esposa, María Pacheco, se encontraba cerca y sostenía en brazos a una de las hijas pequeñas de la pareja.

“Fue entonces cuando pensé: ‘Sin duda tenemos que trabajar en esto como comunidad aquí en Helena’”, reveló Clarke a MTFP en una entrevista telefónica reciente.

Durante el resto del día, ella y organizadores de otros grupos de defensa intentaron comprender lo sucedido y cómo podían ayudar. Un grupo de residentes y organizadores preocupados se reunió frente al juzgado del condado. Otro acudió a la cárcel del condado, a donde Martínez Marván fue trasladado. Un grupo más se dirigió al Departamento de Policía de Helena para hablar con los agentes.

El exalcalde Wilmot Collins no se sorprendió cuando miembros de la comunidad de Helena comenzaron a asistir con regularidad a las reuniones municipales y del condado en julio para exigir transparencia y oponerse a la cooperación local con los agentes federales de migración. Los habitantes de Helena, manifestó Collins, “alzarán la voz cuando las cosas no estén bien”.

Si bien Missoula es más conocida como el centro político progresista del estado, la capital de Montana estaba, en muchos sentidos, preparada para un conflicto público sobre el control migratorio. Dado que Helena alberga la única oficina del Servicio de Ciudadanía e Migración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) del estado, los organizadores locales dicen estar familiarizados con los procesos migratorios y las barreras que enfrentan las personas al solicitar la ciudadanía.

Y si bien los votantes del condado vecino de Lewis y Clark apoyaron a Trump cada vez que se presentó a las elecciones, los votantes urbanos de Helena suelen inclinarse por el Partido Demócrata.

En una encuesta de Montana Free Press y el Centro Eagleton de Encuestas de Interés Público de la Universidad de Rutgers, realizada en diciembre y enero, el 100% de los demócratas de Montana expresó su desaprobación del enfoque de Trump —centrado en la deportación y el arresto— sobre la aplicación de las leyes de migración, mientras que el 94% de los republicanos de Montana manifestó su apoyo.

Meses después de que los organizadores presentaran el tema ante la comisión municipal, el control migratorio se debatió por primera vez en una reunión de noviembre. A mediados de ese mes, la comisión municipal acordó provisionalmente apoyar la incorporación de las exigencias de los defensores de la migración en una resolución municipal.

En diciembre, la comisión debatió una propuesta de resolución —redactada por Rebecca Dockter, la fiscal municipal, en colaboración con el Departamento de Policía de Helena— que establecía que la policía municipal no colaboraría con las fuerzas federales de control migratorio, y que la ciudad no celebraría un convenio formal de colaboración con el ICE.

Fue por esas fechas cuando el grupo Montana for Palestine intensificó su campaña de organización, “cuando nos enfocamos realmente en hablar con la mayor cantidad de gente posible”, dijo Julia Cotter, una de sus integrantes.

Cotter, Clarke y otros organizadores locales se reunieron con abogados, líderes de juntas escolares y otros miembros de la comunidad, y los animaron a expresar su apoyo a la resolución ante la comisión municipal. Clarke centró sus argumentos en los contribuyentes.

“Les dije: ‘Este es un asunto municipal porque se trata del dinero que pagan en impuestos y que es destinado al control migratorio federal, cuando podría invertirse en escuelas, calles y servicios públicos. Se trata de lo que ustedes quieren ver en su ciudad’”, refirió a MTFP.

La principal preocupación de los comisionados municipales en ese momento, señaló Collins, era la legalidad.

“Hagamos lo que hagamos, debemos hacerlo con cautela”, expresó. “Hagamos lo que hagamos, debemos considerar las consecuencias. ¿Qué sigue? Si decimos que la policía no debe interactuar con funcionarios federales, ¿es eso legal? … Cuando tomemos decisiones, estas deben ser respetuosas de la ley”.

En enero, los acontecimientos comenzaron a poner el tema en primer plano. El 7 de ese mes, a Renée Good —ciudadana y madre estadounidense— le disparó un agente del ICE en Minneapolis y murió, lo que provocó la indignación nacional e impulsó múltiples vigilias en Montana y en todo el país. Dos semanas después, el 21 de enero, el jefe de Policía de Helena, Brett Petty, anunció en una reunión municipal que había decidido retirarse de un grupo de trabajo regional antidrogas luego de que este decidiera colaborar con agentes de la Patrulla Fronteriza que eran desplegados en Helena y Bozeman.

“Decidí, por el Departamento de Policía de Helena, retirarme temporalmente (del Grupo de Trabajo Antidrogas del río Missouri) porque quiero asegurarme —y mantener el enfoque— del Departamento de Policía de Helena en la vigilancia policial y la lucha contra el narcotráfico”, declaró Petty durante una reunión municipal el 21 de enero.

Este anuncio motivó a muchos asistentes a agradecerle su decisión durante el voto de la resolución.

Tres días después del anuncio de Petty, agentes federales de migración mataron a Alex Pretti, enfermero de la unidad de cuidados intensivos del Departamento de Asuntos de Veteranos en Minneapolis. Dos días después, el 26 de enero, cientos de personas se congregaron en el edificio municipal de Helena para mostrar su apoyo a la resolución antes de que la comisión votara sobre su adopción. El momento de la votación, refirió Clarke, brindó a los habitantes de Helena la oportunidad de “participar directamente en lo que estaba sucediendo en Minneapolis y decir: ‘No en mi ciudad’”.

Tras casi tres horas de comentarios públicos y deliberación, la comisión aprobó la resolución por 4 votos a favor y 1 en contra.

La resolución le ordena explícitamente al Departamento de Policía de Helena que no establezca alianzas con el ICE. Determina que la ciudad de Helena no revelará el lugar de nacimiento, el estatus migratorio ni el origen nacional de ninguna persona, salvo que lo exija la ley o una orden judicial válida.

Reafirma la política vigente del departamento de no detener, investigar, retener ni arrestar a nadie por su estatus migratorio o por sospecha de violar la ley de migración. E insta a la policía de Helena a “solicitar” a los agentes federales de migración que se quiten las mascarillas y se identifiquen cuando determinen que dichas solicitudes no interfieren con las prerrogativas federales.

Clarke dijo que se sentía aliviada por la aprobación de la resolución, pero también decepcionada por el hecho de que no fuera más lejos. La resolución, añadió, sirve como “una reafirmación de las políticas y un compromiso renovado con los valores”.

Los afectados

Montana tiene una población migrante relativamente pequeña. El Instituto de Política Migratoria calculó que, en 2023 —el último año para el que se dispone de estimaciones—, Montana albergaba a unos 6.000 residentes sin autorización, lo que representa la menor población per cápita de inmigrantes sin permiso de cualquier estado. Quienes apoyan la resolución de Helena dicen que, más allá de las cifras, el conflicto entre la ciudad y el estado le importa profundamente a las personas afectadas.

María Pacheco, la esposa de Martínez Marván, dijo a los comisionados que el arresto y la detención de su esposo perjudicaron a su familia.

“Tengo dos (hijas) que no pueden dormir sin él, y mis niñas lloran, se quejan y preguntan por su papá todos los días, y nos está afectando de muchas maneras”, agregó. “Estoy tratando de hacer todo lo posible para que mi familia esté segura y feliz”.

En otra reunión, Ilgaz Casey, ciudadana estadounidense naturalizada, originaria de Turquía, dijo que los migrantes deben ser tratados con respeto.

“Permítanme recordarles algo”, les dijo a los comisionados. “Nadie abandona su país sólo para ver qué hay al otro lado del mundo, si podrá vivir allí o no. La gente se va por desesperanza. Se va porque sus familias importan. Se va porque no hay otra opción. Los migrantes que carecen de autorización también son seres humanos y merecen ser tratados como tales”.

Tras la aprobación de la resolución en enero, activistas sociales y autoridades locales señalaron que ciudadanos de todo el estado se han puesto en contacto con ellos porque están interesados en implementar políticas similares en sus comunidades.

“Helena no es conocida por ser la ciudad más progresista del estado”, apuntó Clarke. “Que Helena lidere de esta forma fue un gran logro para que otras ciudades pensaran: ‘Si Helena puede hacerlo, nosotros probablemete también podemos’”.

En febrero, miembros de la comunidad instaron a los funcionarios de la ciudad de Great Falls a tomar medidas en materia de control migratorio federal. Kristen Jordan, concejala de Missoula, declaró a MTFP ese mismo mes que ella redactaba una resolución similar.