El gobierno de Estados Unidos pidió a la Corte del Distrito Sur de Nueva York proteger las evidencias contra el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
En una carta enviada al juez Alvin Hellerstein el 23 de marzo, el fiscal Jay Clayton señala que Maduro y su esposa, Cilia Flores, aceptaron la orden de protección de los documentos, salvo un párrafo que impide compartir las pruebas con otros acusados en el caso que siguen libres.
Se trata de Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín; el hijo del ex mandatario, Nicolás Maduro Guerra, y Héctor Guerrero Flores, presunto líder del Tren de Aragua.
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La fiscalía advirtió que, si acceden a los documentos, hay riesgo para los testigos y sus familias, destrucción de evidencia y obstaculización de investigaciones en curso.
“Los coacusados que siguen prófugos no participan en una conspiración criminal violenta típica. Por el contrario, ejercen de manera corrupta los mecanismos del poder estatal”, exponen los fiscales en la carta.
Como ejemplo, exponen que el Ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello y Maduro ordenaron la detención de militares venezolanos para desviar la atención luego de que el gobierno mexicano decomisara en 2006 un cargamento de drogas presuntamente enviado por Cabello, Maduro y, el ex diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Hugo Carvajal.
En enero, Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en una operación militar y lo llevó a Nueva York, dejando al resto del régimen prácticamente intacto. Este viernes 26 de marzo, se lleva a cabo la segunda audiencia del caso en el que Maduro y su esposa enfrentan cargos por narcoterrorismo, tráfico de cocaína a Estados Unidos y uso de armas en relación con narcotráfico.
El pasado 26 de febrero, los abogados de Maduro y Flores presentaron una moción al tribunal para quejarse de que el Departamento del Tesoro les impide el acceso a dinero del Estado venezolano para cubrir los honorarios de su defensa.
"El gobierno de Venezuela, en virtud de sus leyes, tiene la obligación de sufragar los gastos de defensa del señor Maduro", expone el documento presentado por Barrick Pollack, abogado de Maduro y su esposa.
La defensa de Maduro aseveró que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) concedió, en un primer momento, una licencia para que la defensa de Maduro pudiera utilizar fondos de Caracas, a pesar de las sanciones del gobierno estadounidense.
"Sin embargo, de manera unilateral y sin explicación alguna, la OFAC modificó posteriormente dicha licencia, de tal modo que ahora prohíbe la recepción de fondos para gastos de defensa provenientes del gobierno de Venezuela", se lee en la carta.
Por su parte, la fiscalía sostuvo que la negativa de permitir el uso de dinero del gobierno venezolano responde a una regla general del régimen de sanciones e insistió que los acusados pueden financiar su defensa con recursos propios.