EFE.- Manuel Merino y varios miembros de su efímero gobierno (10-15 de noviembre) serán investigados de manera preliminar por la comisión de delitos en el contexto de violación a los derechos humanos, informó este lunes la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
En un comunicado, anunció que Merino, expresidente de la República y congresista; su primer ministro, Ántero Flores-Aráoz, y el ministro del Interior, Gastón Rodríguez (ambos en funciones), serán investigados por los delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso, lesiones y desaparición forzada.
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Estos delitos, según la tesis fiscal, se habrían cometido en violación de los derechos humanos, lo que según la ley peruana constituye un agravante que entre otras cosas impide la prescripción de los delitos.
También abre la posibilidad de establecer una “cadena de mando” en la represión que causó las muertes, habilitando una condena para los políticos, si se demuestra que hubo órdenes para la represión u omisiones para prevenirla.
La investigación abordará la represión dirigida por el gobierno de Merino a las movilizaciones ciudadanas de forma ininterrumpida desde que el lunes asumiera la presidencia hasta el domingo, cuando el exmandatario anunció su renuncia.
Esa represión de las protestas dejó un saldo de dos jóvenes asesinados por disparo de arma de fuego, casi un centenar de heridos y decenas de desaparecidos, pese a que muchos de ellos ya comienzan a reportar su paradero.
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Organismos de defensa de derechos humanos reportan que actualmente al menos seis jóvenes que se manifestaron el sábado en Lima aún no han sido ubicados.
Otras investigaciones
Más allá de las investigaciones a los políticos, la fiscal de la Nación también anunció la apertura de una investigación preliminar “contra los que resulten responsables del homicidio doloso de los jóvenes”.
Las investigaciones también se seguirán “contra quienes resulten culpables de los delitos de desaparición forzada“.
La denuncia
Esta investigación fiscal responde a una denuncia por esos mismos delitos que presentaron en la noche del domingo hasta ocho organismos defensores de los derechos humanos ante el Ministerio Público.
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Esas denuncias incluían también al director general de la Policía Nacional, Orlando Velasco, y al jefe de la región policial Lima, Jorge Cayas.