Las protestas callejeras en Bogotá y otras ciudades de Colombia contra la brutalidad policial que causó la muerte del abogado Javier Ordóñez durante su arresto costaron la vida a 10 personas en una noche de vandalismo y furia que tiene como principales sospechosos a los propios uniformados.

Las manifestaciones que comenzaron el miércoles de manera pacífica frente al Comando de Acción Inmediata (CAI) de la Policía del barrio Villa Luz, en el oeste de Bogotá, en el que trabajaban los dos uniformados involucrados en la muerte de Ordóñez, terminaron en violentos enfrentamientos y la hoy cuestionada represión de los manifestantes.

“Un comportamiento policial abusivo y violatorio de los derechos humanos, con despliegue de fuerza contra los ciudadanos rompe con la función de la fuerza pública. Los hechos conocidos no tienen conexidad con el servicio y la competencia para juzgarlos es de la justicia ordinaria”, reprochó este jueves el procurador general Fernando Carrillo.

TRÁGICO BALANCE

Tras la caótica noche del miércoles, en la que hubo incendios de instalaciones policiales y autobuses en varios puntos de Bogotá, las autoridades de la capital informaron de siete personas muertas y al menos 379 heridos -entre ellos 147 policías-, de los cuales 66 fueron impactados con armas de fuego.

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Además de las siete víctimas mortales en Bogotá, hubo otras tres en Soacha, una populosa localidad situada al sur de la capital colombiana.

Familiares de los fallecidos, entre ellos una universitaria, un mensajero, un guardia de seguridad e incluso desempleados, han aclarado que ellos ni siquiera participaban en las protestas y que fueron alcanzados por disparos cuando pasaban por lugares donde había disturbios.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, criticó con dureza la respuesta policial a los desórdenes y equiparó el número de heridos por disparos a los resultados de un combate.

López cuestionó el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de miembros de la Policía a quienes pidió “reconocer con humildad” que hubo “un ataque directo a varios ciudadanos”.

La capital no vivía una jornada de protesta tan intensa desde noviembre del año pasado durante las movilizaciones protagonizadas principalmente por jóvenes que salieron a las calles para apoyar las manifestaciones convocadas por las centrales obreras contra la política económica y social del presidente colombiano, Iván Duque.

DISPAROS DE LA POLICÍA

En enero de este año, cuando López tomó posesión, pidió que la Policía y especialmente el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la institución solo fueran utilizados como organismos de choque de última instancia en las manifestaciones, pues a su criterio los uniformados no eran reguladores de las movilizaciones ciudadanas.

Lejos de eso, la Policía, criticada por sus excesos, se ha visto involucrada en serias denuncias por violación de los derechos humanos durante protestas sociales.

La alcaldesa hizo este jueves duros reclamos a la institución a la que señaló de haber desobedecido las instrucciones dadas tras la muerte de Dilan Cruz, un bachiller que falleció en noviembre pasado tras recibir un disparo de un miembro del Esmad durante una manifestación en la capital.

“Puedo decir con absoluta certeza que ni desde el Puesto de Mando Unificado Nacional ni desde el Puesto de Mando Unificado Distrital se impartió ninguna orden ni autorización de uso de la fuerza y mucho menos de armas de fuego contra los manifestantes”, aseguró López.

ATAQUES INDISCRIMINADOS

Según la mandataria, anoche “se usaron armas letales de manera indiscriminada contra ciudadanos inermes y jóvenes”, pues la Alcaldía tiene evidencia de “que hubo disparos indiscriminados por parte de miembros de la Policía”.

Esa afirmación coincide con lo expresado por los familiares de los muertos y con los testimonios de algunos heridos que cuentan que fueron atacados por la Policía sin justificación alguna, simplemente por estar en la calle.

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Uno de los casos que más ha impactado a la opinión pública es el de Julieth Ramírez Mesa, una estudiante de psicología próxima a cumplir 19 años, quien según su familia falleció al ser alcanzada por una bala perdida cuando salió a encontrarse con una amiga.

“No sé si hace parte de la Policía o de los malandros, qué se yo, me mataron a mi hija”, dijo a periodistas Harold Ramírez, padre de la joven, quien recibió un disparo al quedar en medio de los desórdenes en La Gaitana, barrio del noroeste de Bogotá.

Para el jefe de la Procuraduría (Ministerio Público), la pandemia del coronavirus “develó comportamientos abusivos de algunos miembros de la Policía para sancionar incumplimientos de medidas administrativas, conductas estas que resultan condenables en un Estado social y democrático de derecho, y opuestas al mandato constitucional de la protección”.

CONDENA INTERNACIONAL

Lo ocurrido en Bogotá la víspera no escapó de los pronunciamientos de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó “enfáticamente los casos de brutalidad y abuso policial”.

La CIDH aseguró hoy que “el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado debe seguir los principios de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, poniendo en el centro la protección de los derechos de todas las personas”.

Puntualizó que el deber del Estado es “garantizar el derecho a la vida, integridad y libertad de manifestación” y abogó porque “todos estos hechos deben ser esclarecidos, investigados y sancionados”.

En esa misma línea, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, que sigue de cerca lo que sucede en Colombia, aseguró que han recibido “graves denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de miembros” de la Policía.

Indicó que los ciudadanos tienen “todo el derecho de manifestarse y deben hacerlo de forma pacífica” y que la “Policía debe garantizar respeto a los derechos humanos”.

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Propuso además que para prevenir los abusos de la Policía colombiana esta debe pasar a depender del Ministerio del Interior y no del de Defensa como sucede actualmente, se debe revisar la capacitación en el uso de la fuerza y armas menos letales y que las investigaciones no vayan a la justicia penal militar sino a la ordinaria.

JUSTICIA COLOMBIANA

Al rechazo a la violencia desatada por el procedimiento policial en el que murió el abogado Ordóñez se unió el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, quien dijo que la investigación del caso la asumió un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.

Para darle mayor alcance y rapidez a las investigaciones dispuso la creación de un equipo de las “más altas calidades forenses, investigativas y jurídicas para dar celeridad al proceso”.

Por coincidencia, este jueves la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó revisar el expediente de la muerte del joven Dilan Cruz “para dirimir conflicto entre justicias penal militar y ordinaria”.

El caso de Cruz ocurrió en noviembre del 2019 en una protesta en el centro de Bogotá cuando un proyectil de perdigones disparado por el Esmad impactó su cabeza causándole heridas que le provocaron la muerte dos días después.