EFE.- Varios colectivos feministas de Bolivia exigieron este viernes que se investigue y se apliquen sanciones contra el personal médico y municipal presuntamente relacionados con la suspensión de la interrupción del embarazo de una niña de 11 años violada por su abuelastro.
En una rueda de prensa en La Paz, organizaciones como el Pacto Nacional por la Legalización del Aborto y la Articulación Feminista Campaña 28 de Septiembre afirmaron que las acciones seguidas para que la menor continúe con la gestación “son graves violaciones de los derechos humanos, a la vida y a la salud de la niña“.
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El pronunciamiento se dirige principalmente a funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní, municipio en el que se produjo la agresión sexual, a la entidad homóloga municipal de Santa Cruz y al Hospital Percy Boland, donde estuvo hospitalizada la menor.
“Exigimos a los gobiernos municipales se realice el procesamiento administrativo y destitución del personal que vulneró los principios de confidencialidad e interés superior de la niña“, se señala en el manifiesto.
Además piden que se investigue si el personal de ese centro médico autorizó “la intromisión de representantes de grupos religiosos que presionaron a la niña o su madre para interrumpir el procedimiento médico” o si en realidad hubo una “acción coordinada o deliberada”.
El caso de esta menor, que tiene 22 semanas de gestación, ha sido un asunto polémico en Bolivia puesto que inicialmente la madre de la niña manifestó su autorización para la interrupción del embarazo y luego dio marcha atrás tras lo que se cree fue una presión de un grupo de la Iglesia católica.
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La entidad religiosa manifestó en un comunicado su “más firme repudio por la brutal violación” sufrida por la niña, pero insistió en que “ambas son vidas humanas independientes” y que “un crimen no se soluciona con otro crimen”.
En Bolivia el aborto es considerado un delito pero según las leyes tiene excepciones cuando de por medio hubo una agresión sexual, existe una malformación congénita o la vida de la madre está en peligro.
Las agrupaciones feministas anunciaron que se sumarán a la denuncia que presentó la Defensoría del Pueblo nacional contra la Iglesia católica, las defensorías de Yapacaní y Santa Cruz además del hospital a los que se acusa de incumplimiento de deberes y desobediencia a resoluciones constitucionales, entre otros delitos.
La menor sufrió abusos sexuales de su abuelastro de 61 años, quien se encuentra arrestado, que se encargaba de su cuidado puesto que sus padres viajaban constantemente por motivos de trabajo y fue llevada a una casa de acogida de la Iglesia católica.
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El suceso provocó pronunciamientos como el del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia que consideró que someter a una niña a un embarazo forzado “está calificado como tortura“.
Según organizaciones como la Casa de la Mujer en 2020 se reportaron 39 mil 999 embarazos de menores de 18 años, lo que supone que 104 niñas se embarazan por día en Bolivia, de las cuales 6 son menores de 13 años.