Las protestas en las principales ciudades de Colombia ocurridas la noche del miércoles dejaron un saldo de 51 lesionados entre civiles y policías. Se esperan más manifestaciones este jueves, en lo que será el noveno día consecutivo del paro nacional en contra del abuso policial y la implementación de políticas fiscales más severas para la mayoría de la población.
En Bogotá, la capital del país, el gobierno local reportó 23 civiles y seis policías lesionados. La mayoría de los percances ocurrieron en el centro y sur de la ciudad.
No te pierdas: Ante paro nacional, gobierno de Colombia presenta nuevo plan fiscal; se elimina aumento al IVA
"Este jueves verificaremos cómo van. En principio pareciera que son lesiones menores. Vamos mejorando poco a poco, pero hay mucha tensión", aseguró Claudia López, alcaldesa de Bogotá.
Manifestantes de la comunidad de Los Héroes acusaron que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) los dispersó con gases lacrimógenos a pesar de realizar una protesta pacífica.
Medios colombianos reportaron saqueos en algunos barrios de Bogotá. Las autoridades detuvieron a ocho personas tras estos hechos; los comerciantes tuvieron que cerrar ante posibles hurtos.
También puedes leer: ONU alerta del aumento de los ataques a instituciones encargadas de defender los derechos humanos en América Latina
Se estima que en Medellín, una de las ciudades más importantes de Colombia, al menos 10 mil personas participaron ayer en las marchas contra el abuso policial y la implementación de fuertes políticas fiscales.
El saldo de las protestas fue de 22 heridos, de los cuales 18 fueron llevados a la Institución Prestadora de Servicios de Salud de la Universidad de Antioquia. Los otros cuatro están en el Hospital San Vidente Fundación, de acuerdo con medios locales.
Las protestas continúan pese a que el presidente de Colombia, Iván Duque, retiró la reforma tributaria que pretendía aumentar el impuesto al Valor Agregado (IVA) y crear el Impuesto Temporal y Solidario a los Ingresos de personas con más de 10 millones de pesos mensuales (2 mil 600 dólares, aproximadamente), que se buscaba cobrar entre julio y diciembre de este año.
Esto derivó en las primeras protestas del 28 de abril, que se han mantenido hasta entonces. Como consecuencia, se propuso instalar un espacio de diálogo con la ciudadanía y los diferentes sectores políticos.