AP.- Un nuevo fiscal general prestó juramento este martes horas después de que su predecesor le pidiera a un juez que acusara al primer ministro Ariel Henry por el asesinato del presidente y le prohibiera salir de Haití, una medida que podría desestabilizar aún más un país sacudido por la agitación tras el asesinato y un gran terremoto reciente.

La solicitud presentada por el fiscal de Port-au-Prince Bed-Ford Claude, quien fue despedido por Henry, llegó el mismo día en que el fiscal había pedido que el primer ministro asistiera a una reunión y explicara por qué habló dos veces con un sospechoso clave en el asesinato del presidente Jovenel Mo\u00efse pocas horas después del asesinato.

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“Hay suficientes elementos comprometedores \u2026 para procesar a Henry y pedir su acusación directa”, escribió Claude antes de ser reemplazado por Frantz Louis Juste, un fiscal que supervisó el caso de la muerte de más de una docena de niños en un incendio en un orfanato cerca de Puerto Príncipe el año pasado.

No está claro si la destitución de Claude tendría algún impacto en el caso, pero un analista señaló que la investigación está en manos de un juez.

Tampoco si Claude fue destituido oficialmente antes de hacer la solicitud al juez. The Associated Press obtuvo una carta fechada el lunes en la que Henry le dijo a Claude que estaba siendo despedido por una “falta administrativa grave” indefinida y que la decisión era efectiva tan pronto como recibió el documento.

Claude dijo que las llamadas telefónicas en cuestión se hicieron a las 4:03 am y 4:20 am el 7 de julio, y agregó que la evidencia muestra que el sospechoso, Joseph Badio, estaba en las cercanías de la casa de Mo\u00efse en ese momento. Badio trabajó una vez para el Ministerio de Justicia de Haití y en la unidad anticorrupción del gobierno hasta que fue despedido en mayo en medio de acusaciones de violar reglas éticas no especificadas.

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En el documento de dos páginas, Claude dijo que las llamadas duraron un total de siete minutos y que Henry estaba en el Hotel Montana en Port-au-Prince en ese momento. El fiscal también señaló que un funcionario del gobierno tuiteó el mes pasado que Henry le dijo que nunca habló con Badio.

El lunes, el ministro de Justicia Rockfeller Vincent ordenó al jefe de la Policía Nacional de Haití que reforzara la seguridad de Claude porque éste había recibido amenazas “importantes y perturbadoras” en los últimos cinco días.

Brian Concannon, asesor del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití, dijo que no esperaba muchos cambios a pesar del nombramiento de un nuevo fiscal.

"Mucho de esto es teatro", dijo.

Concannon señaló que el caso de asesinato está en manos del juez Garry Orélien y que él puede decidir si continuar con una investigación de Henry incluso si el nuevo fiscal advierte lo contrario. Dijo que el juez tiene tres meses para determinar si debe tomar medidas.

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En los últimos días, la Oficina de Protección Ciudadana de Haití, similar a un defensor del pueblo, anunció que estaba exigiendo que Henry renunciara y pidió que la comunidad internacional dejara de apoyarlo.

Henry no ha abordado específicamente el tema en público, aunque durante una reunión con políticos y líderes de la sociedad civil el sábado, dijo que está comprometido a ayudar a estabilizar Haití.

“Tenga la seguridad de que ninguna distracción, ninguna convocatoria o invitación, ninguna maniobra, ninguna amenaza, ningún combate de retaguardia, ninguna agresión me distraerá de mi misión”, dijo Henry. “Los verdaderos culpables, los autores intelectuales y coautores y patrocinadores del asesinato del presidente Jovenel Mo\u00efse serán encontrados y llevados ante la justicia y castigados por sus crímenes”.

Mo\u00efse había designado a Henry como primer ministro poco antes de que lo mataran en su casa en un ataque que también hirió gravemente a su esposa, Martine Mo\u00efse.

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Más de 40 sospechosos han sido arrestados en el caso, incluidos 18 ex soldados colombianos. Las autoridades aún buscan sospechosos adicionales, incluidos Badio y un exsenador haitiano.

La investigación está en curso a pesar de que los secretarios judiciales se ocultaron después de recibir amenazas de muerte si no cambiaban ciertos nombres y declaraciones en sus informes.

Además, un juez haitiano asignado para supervisar la investigación renunció el mes pasado por razones personales. Se fue después de que uno de sus asistentes muriera en circunstancias poco claras. Se ha asignado un nuevo juez.