El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este sábado la instalación de un nuevo cerco militar y policial en un popular barrio de la capital, para buscar pandilleros y drogas en las vísperas de las fiestas de Navidad.
Como parte de su estrategia de combate contra las pandillas, el mandatario desplegó unos mil soldados y 130 policías que participaron desde la madrugada en un operativo en la comunidad Tutunichapa, conocida por el narcomenudeo.
Según datos oficiales, hasta el momento los cuerpos de seguridad han detenido a seis presuntos delincuentes en la zona, que también fue intervenida en octubre de 2020.
“Todos los terroristas, narcotraficantes y pandilleros serán removidos de esta comunidad, hasta hace unos meses bastión del crimen. Los ciudadanos honrados no tienen nada que temer y pueden continuar haciendo su vida normalmente”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, indicó a periodistas que esta medida es parte de la fase 5 del plan de Control Territorial del Gobierno, llamada "extracción".
“Esta comunidad ha sido estigmatizada por más de 40 años por criminales que se dedicaron a distribuir y vender drogas desde esta comunidad”, acotó Villatoro y aseguró que las pandillas “se han enquistado” en esta comunidad.
El titular del Ministerio de la Defensa, René Merino, dijo a periodistas que se busca "golpear" a la pandilla con presencia en la zona, el Barrio 18 Revolucionarios.
A inicios de diciembre, el gobierno de Nayib Bukele también instauró un cerco militar en el populoso municipio de Soyapango (centro) con unos 10 mil soldados y policías.
Estas medidas se dan en el marco de un régimen de excepción, aprobado a finales de marzo en el Congreso tras una escalada de homicidios atribuidos a las pandillas y que ha dejado más de 60 mil detenidos.
El régimen de excepción suspende derechos constitucionales, como el de la defensa e inviolabilidad de las telecomunicaciones, además la detención administrativa pasa de tres días a un máximo de 15 días.
Human Rights Watch (HRW) y la organización Cristosal han recomendado al gobierno de Bukele terminar con la medida.
Un informe de estas organizaciones señala que durante el régimen de excepción se han dado violaciones de derechos humanos, más de 90 muertes en custodia de fuerzas de seguridad del Estado y casos de “torturas y malos tratos”.
Con Información de EFE y Reuters