EFE.- La justicia de El Salvador condenó a 50 años de cárcel a una joven de 23 años identificada como Lesli tras sufrir un aborto de emergencia, según se informó a EFE este lunes.
La activista Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, explicó que la joven fue procesada en el Juzgado de Sentencia de San Miguel por el delito de homicidio agravado, cargo por el que recibió la sentencia el pasado 29 de junio.
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Indicó que el proceso judicial contra Lesli presentó “fallas al debido proceso” porque el juez del caso \u2014cuyo nombre no fue proporcionado\u2014 “no admitió peritajes de la defensa, un estudio socioeconómico del Instituto de Medicinal Legal y un estudio psicológico en el que se recomendaba un análisis psiquiátrico”.
“La sentencia es una muestra de ensañamiento judicial contra mujeres, jóvenes, empobrecidas y que no tienen manera de defenderse. Es una injusticia”, comentó Herrera.
Añadió que se presentará una apelación a la sentencia, que es la pena máxima “a la que puede ser condenada una mujer” tras sufrir una emergencia obstétrica en El Salvador.
De acuerdo con la información proporcionada por la Agrupación Ciudadana, una organización no gubernamental que impulsa la despenalización del aborto en el país centroamericano, Lesli tenía 19 años cuando sufrió un aborto de emergencia en junio de 2020 en su casa.
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La joven “sintió deseos de defecar y sin saberlo comenzaba el trabajo de parto, fue al baño y en ese momento tuvo un parto precipitado expulsando la criatura en gestación”, explicó la fuente.
Agregó que “los vecinos llamaron la policía y Lesli fue trasladada a un hospital donde fue esposada y detenida”.
En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias y son procesadas bajo el cargo de homicidio agravado.
El país centroamericano se encuentra lejos de legalizar el aborto, puesto que, por un lado, el presidente Nayib Bukele ha reafirmado su posición en contra y, por otra parte, la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, no da señales de promover, analizar y aprobar legislaciones sobre el tema.