EFE.- El presidente de Perú, Pedro Castillo, deberá presentarse este lunes a declarar ante la Fiscalía como parte de una investigación que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y encubrimiento personal, informaron medios locales.
El gobernante fue convocado por el fiscal supremo adjunto Marco Huamán para que acuda a su despacho desde las 08:30 horas de este lunes.
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El mandatario será interrogado por una presunta compra irregular de biodiésel por la petrolera estatal Petroperú, así como por la polémica destitución del abogado Mariano González como ministro del Interior, quien luego declaró que el gobernante estaba involucrado en casos de corrupción.
La emisora RPP aseguró este domingo que Castillo también será interrogado por la acusación de liderar una presunta organización criminal enquistada en el Ministerio de Vivienda durante la gestión de Geiner Alvarado, quien es ahora ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) y también será interpelado este lunes por el Congreso.
Abogado de Castillo confirma asistencia
El abogado de Castillo, Benji Espinoza, aseguró desde el pasado viernes que el gobernante sí acudirá al despacho fiscal, tras haber solicitado la reprogramación de esa cita en dos ocasiones anteriores.
“Puedo confirmar que el presidente va a asistir a ambas diligencias, a ambos casos”, señaló Espinoza antes de precisar que Castillo será acompañado por otro de sus abogados, Eduardo Pachas.
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Indicó que él acompañará a otra diligencia judicial a la esposa de Castillo, Lilia Paredes, para quien la Fiscalía ha pedido que se dicte el impedimento de salida del país por 36 meses en otra investigación de presunta corrupción.
Yenifer Paredes, hermana de la primera dama y quien fue criada como una hija por la pareja presidencial, cumple desde la semana pasada una orden de prisión preventiva de 30 meses mientras se le investiga por presuntamente haber coordinado la adjudicación de obras en la región de Cajamarca para la compañía del empresario Hugo Espino, quien colabora con la Fiscalía en este caso.
El Ministerio Público pidió que la cuñada de Castillo sea condenada a 23 años de cárcel por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y organización criminal.