EFE.- Las autoridades brasileñas pusieron en libertad este martes a 599 personas que habían sido arrestadas por su supuesta participación en la invasión a la sede de los tres poderes de Brasil y que protestaron en contra del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva el pasado domingo.
Estos detenidos, que fueron puestos en libertad por razones humanitarias, son en general adultos mayores, personas con problemas de salud, personas en situación de calle y madres con hijos, según informó la Policía Federal en un comunicado.
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La puesta en libertad “no necesariamente” significa que queden libres de cargos y algunos de ellos pueden ser llamados posteriormente para ser procesados, según dijo a EFE un portavoz de la Policía Federal.
La policía confirmó que, de momento, 727 personas están formalmente arrestadas por los ataques perpetrados contra las sedes del Congreso, la Corte Suprema y el palacio presidencial de Planalto.
Los cuerpos de seguridad todavía están interrogando y analizando la situación de otro grupo de personas detenidas, cuyo número no fue precisado.
En el comunicado, la Policía Federal confirmó que fueron detenidas “más de mil 500 personas” supuestamente implicadas en los ataques a las sedes de los tres poderes.
Cerca de 300 de ellos fueron detenidos el mismo domingo durante los disturbios, y el resto, un día después en un campamento de bolsonaristas instalado frente al cuartel general del Ejército.
Los sospechosos, confinados provisionalmente en un pabellón deportivo de la Policía Federal, están siendo identificados e interrogados por las autoridades.
Según la policía, “todos los procesos están siendo monitoreados, ininterrumpidamente” por diversas entidades como el Colegio de Abogados de Brasil, el Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Salud del Distrito Federal y la Defensoría Pública Federal.
“Todos están recibiendo alimentación regular (desayuno, almuerzo, merienda y cena), hidratación y atención médica cuando es necesario”, señala el comunicado.
La situación de los detenidos también la está siguiendo de cerca el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras denuncias de que los derechos de algunos detenidos habían sido violados.
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Esto porque algunos de los brasileños arrestados aprovecharon sus teléfonos celulares para acceder a las redes sociales y denunciar supuestas violaciones a sus derechos, algunas de ellas ya desmentidas, incluyendo maltratos y condiciones inhumanas de detención.
Al respecto, el Ministerio de Derechos Humanos señaló este martes en un comunicado que está monitoreando el tema y que, junto con la cartera de justicia, actuarán “para que la legalidad siempre sea observada”.