AP.- Un juzgado de El Salvador instaló el miércoles el juicio contra el expresidente Mauricio Funes por presuntamente concertar una tregua con las pandillas o maras para reducir la tasa de homicidios del país.

Funes, que vive en Nicaragua bajo la protección del presidente Daniel Ortega tras recibir en 2019 la nacionalidad nicarag\u00fcense para evitar su extradición, no está presente en el juicio en el que también es procesado su exministro de Seguridad, general David Munguía Payés.

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Una reforma penal aprobada el 21 de septiembre de 2022 permite realizar juicios con imputados ausentes, por lo que el proceso judicial puede continuar sin su presencia.

Funes enfrenta cargos por los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes y, de ser encontrado culpable, podría recibir una condena de hasta 11 años de prisión, mientras que al general Munguía Payes, que enfrenta los mismos cargos, se le suma el delito de actos arbitrarios y podría recibir una condena de hasta 15 años en una cárcel.

Desde Nicaragua, Mauricio Funes, que dice ser un perseguido político, negó las acusaciones y las calificó de ridículas: “De todos los juicios montados en mi contra, este es el más débil de todos. La FGR (Fiscalía General de la República) no ha presentado pruebas de los delitos que me imputa”.

El exmandatario afirmó en su cuenta oficial de Twitter que los negociadores de la tregua no actuaron en representación del gobierno, que su rol no fue negociar concesiones o beneficios y que lo que hicieron fue observar el proceso de tregua que acodaron las pandillas.

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Este no es el primer caso de presuntas negociaciones de funcionarios de gobiernos salvadoreños con las pandillas. Investigaciones periodísticas y autoridades de Estados Unidos han acusado al gobierno del presidente Nayib Bukele de también negociar con las pandillas.

El periódico digital El Faro publicó reportajes en los que documentan negociaciones de funcionarios de la administración Bukele con las tres principales pandillas de El Salvador y una acusación de la Fiscalía de Estados Unidos contra pandilleros de la Mara Salvatrucha, presentada en una corte federal de Nueva York, señala a dos altos funcionarios del gobierno del presidente Bukele por haber negociado con la pandilla una reducción de homicidios a cambio de supuestos beneficios entre los años 2019 y 2021.

En el juicio contra Funes, la FGR sostiene que hay intervención a las telecomunicaciones en donde "de forma categórica se habla de los eventos desarrollados en la tregua con las pandillas y que efectivamente existió un acuerdo entre los miembros de las pandillas y el entonces ministro de Seguridad, David Munguía Payés, con el beneplácito del presidente de la República (mauricio Funes)".

Según las acusaciones, sacaron a los cabecillas de la cárcel de máxima seguridad y fueron enviados a prisiones donde recibían visitas de otros pandilleros en libertad para planear sus actividades criminales.

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Funes se pregunta también que, si la presencia de los observadores en las reuniones con pandilleros fue ilegal, por qué “no han sido acusados los representantes de la OEA, el Obispo Castrense (monseñor Fabio Colindres) que actuó como delegado de la Iglesia Católica o el Comisionado (Mauricio) Arriaza (Chicas) que estuvo como delegado de la PNC (Policía Nacional Civil)”.

Por su parte, el general Munguía Payes, que estuvo presente en la sala de la audiencia, evitó hablar con la prensa, pero ante el bombardeo de preguntas dijo: "Mis abogados me han recomendado no dar declaraciones, así que me voy a abstener. Ya les dije, por favor, no insistan".