EFE.- Las asociaciones de periodistas de Perú pidieron este viernes frenar una propuesta del gobierno para modificar el Código Penal y que supone “un golpe letal para la libertad de prensa” y para la democracia.

“Aprobarlo así y darle facultades al Ejecutivo en esa línea sería lesivo no solo para el ejercicio de la libertad de expresión, sino un golpe letal para la libertad de prensa en este país y para la democracia“, dijo en una rueda de prensa la presidenta de la Asociación Nacional de Periodista (ANP), Zuliana Lainez.

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En concreto, y según había adelantado el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), se propone modificar el Código Penal en materia de delitos contra la seguridad y tranquilidad pública para “sancionar a los instigadores del delito de disturbio”.

Se señala que estos actos ilícitos “muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia”.

Al respecto Lainez, subrayó que el proyecto presenta a los comunicadores “como instigadores de disturbios y violencia“, por lo que consideró que es “darle poder al Ejecutivo para criminalizar la actividad periodística”.

Dicho proyecto será sometido “a discusión y probablemente a votación en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso” este mismo viernes.

Por su parte, el director ejecutivo del CPP, Rodrigo Salazar, hizo “un llamado a la comunidad nacional e internacional para expresarles” su preocupación por “el intento de control de la prensa peruana” en lo que catalogó como una búsqueda de “limitar y restringir el trabajo de la prensa en protestas sociales”.

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“Exigimos al Congreso que no apruebe esta modificatoria, porque lo tomaremos como un intento de control de la prensa“, subrayó.

En su turno, el presidente de la Asociación de Fotoperiodistas de Perú, José Vidal, denunció que se trata de un “intento soterrado de tratar de limitar la libertad de expresión“.

“En el caso del gremio de fotoperiodistas, parece que solo estamos viendo cómo se formaliza el actuar del Ejecutivo que ya de por sí ha tenido acciones represivas contra nuestro personal”, aseguró.

Horas después, el primer ministro, Alberto Otárola, aseguró que en dicha petición de facultades existe “lo que bien se podía llamar exposición de motivos” en los que “se menciona a comunicadores y su relación con eventos violentos o protestas ciudadanas“.

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No obstante, dijo que el gobierno del que forma parte no va a “establecer, fijar ni discutir ninguna ley que afecte” al derecho a la información o a la libre expresión.

En cualquier caso, Otárola no retiró el proyecto, que está siendo debatido en el Congreso la tarde de este viernes.