EFE.- Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó este lunes hasta La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, para realizar una visita a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa condenado y procesado por corrupción, quién se encuentra en esa prisión tras su detención en la embajada de México en Quito el pasado 5 de abril, cuando el gobierno de México ya le había dado asilo diplomático.

Esta visita se produce a pedido de la defensa del exvicepresidente y del Comité Internacional para la Libertad de Jorge Glas, quienes han reclamado que la CIDH amplíe las medidas cautelares que ya dictó en 2019 a favor de este, para que ordene al Estado ecuatoriano excarcelarlo, reconocer su estatus de asilado e incluso, entregarlo a México.

Pasada la 1:30 de la tarde, hora local, un convoy de 10 vehículos escoltados por policías llegaron hasta el centro carcelario ubicado en la ciudad portuaria de Guayaquil e ingresaron por la puerta principal.

En los exteriores de la cárcel, agentes policiales resguardaban la entrada, mientras que frente a ella decenas de simpatizantes se congregaron para exigir la libertad de Jorge Glas, a quien consideran "un preso político".

Las medidas cautelares que la CIDH emitió en 2019 fueron tras considerar que entonces se encontraba "en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos", algo que en esta nueva situación su equipo legal denuncia que se ha agravado con riesgo hasta el punto de generarle presuntamente afectaciones mentales y un posible riesgo de suicidio.

Pide al menos cumplir su condena en arresto domiciliario

El Comité Internacional para la Libertad de Jorge Glas espera que la CIDH, después de conocer las condiciones en las que está encarcelado el político, ordene al gobierno de Ecuador que le dé un salvoconducto para que pueda viajar a México en calidad de asilado diplomático, según dijo a EFE hace unos días su coordinador, el abogado y exministro boliviano Sacha Llorenti.

Sin embargo, si eso no llega a suceder, esperan que al menos se le permita salir de la cárcel para que cumpla su condena en arresto domiciliario, aseguró a EFE la asambleísta Mónica Palacios, del partido Revolución Ciudadana, que tiene como líder a Correa.

"Estamos esperando que le extiendan las medidas cautelares de forma inmediata y que Jorge Glas pueda estar en la casa de su mamá de forma segura y con la medicación necesaria", señaló Palacios, quien llegó hasta la puerta de La Roca para respaldar a Glas.

Palacios insistió en que la situación del exvicepresidente "es crítica" y que no está recibiendo "las medicinas apropiadas para sus enfermedades" dentro de La Roca. Además, dijo que "está teniendo problemas psicológicos por toda esta afectación".

Tras tres horas de visita, el mismo convoy de vehículos que ingresó a la cárcel salió por la misma puerta, sin que ningún representante ni de la comitiva ni de la defensa legal de Glas se pronunciara.

Condena pendiente de cumplimiento 

Jorge Glas fue uno de los hombres fuertes del gobierno de Correa y ocupó el cargo de vicepresidente entre 2013 y 2017, así como también durante los primeros meses del mandato presidencial de Lenín Moreno, hasta que comenzaron las investigaciones en su contra, imputaciones y acusaciones que siempre ha rechazado al declararse un perseguido político.

En el momento de su detención en la embajada de México en Quito, Jorge Glas tenía pendiente terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas por corrupción dictadas en 2017 y 2020, por las que ya había purgado alrededor de cinco años cuando salió en libertad a finales de 2022 por orden de un juez que recientemente fue condenado a dos años de prisión por prevaricación a causa de esa decisión.

La orden judicial de detención contra Glas fue emitida en el marco de un tercer proceso penal en su contra por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción tras el devastador terremoto de 2016, un caso donde se encuentra en calidad de imputado.

México y Ecuador se han contrademandado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los hechos ocurridos el 5 de abril, con acusaciones mutuas de haber transgredido convenios y normas internacionales.