AP.- El hermano y el abogado de la presidenta peruana Dina Boluarte fueron liberados luego de ser detenidos hace una semana, ya que la fiscalía no acreditó que exista riesgo de fuga ni que obstaculicen las investigaciones que enfrentan por presuntamente integrar una organización de tráfico de influencias.
Con esta decisión, la Quinta Sala de Apelaciones de Lima desestimó también el viernes un pedido de la fiscalía para ampliar 15 días más la detención preliminar de Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, hermano y abogado de la mandataria. Por ser una segunda instancia, la fiscalía no pudo apelar la decisión.
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Un equipo fiscal detuvo el 10 de mayo al hermano y al abogado de la presidenta por presuntamente integrar un grupo que traficaba influencias, y concertó con la mandataria la desintegración de un equipo policial de élite que investigaba al entorno presidencial y que fue desmantelado.
Castañeda —abogado de la presidenta en una investigación por el uso de joyas y relojes de lujo marca Rolex— es indagado porque presuntamente intentó que se archivaran las investigaciones contra Nicanor Boluarte y ofreció beneficios a los miembros del equipo policial que posteriormente fue desactivado.
Para la fiscalía, la finalidad de la organización criminal del hermano de Boluarte sería la de “copar el poder para obtener recursos económicos y reclutar afiliados para solventar y lograr la constitución del partido político Ciudadanos por el Perú, a fin de que sea utilizado como plataforma para mantener el poder en el aparato estatal y, con ello, obtener ganancias ilícitas”, según un documento judicial.
La desactivación del grupo policial, que fue clave en el avance de las investigaciones de la fiscalía, provocó que el fiscal general Juan Villena anunciara el fin de semana el inicio de una nueva investigación contra la mandataria por presunto encubrimiento personal y abuso de autoridad.
Boluarte ya está siendo investigada por supuesta corrupción a causa del uso de relojes lujosos y por lavado de dinero durante la campaña presidencial que llevó al poder a su antecesor Pedro Castillo.
La presidenta también ha sido denunciada ante el Parlamento por homicidio y lesiones graves debido a las muertes de manifestantes tras el inicio de su mandato el 7 de diciembre de 2022.