AP.- La Asamblea Nacional de Venezuela, con abrumadora mayoría oficialista, aprobó este jueves en segunda discusión una ley que busca regular las organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en el país; los activistas de derechos humanos consideran que la ley, a la que sólo le falta ser promulgada por el presidente Nicolás Maduro para entrar en vigor, es una amenaza al derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación pública.

Después de más de un año de diferimiento y en medio de las críticas de los adversarios políticos del gobierno y organizaciones locales y extranjeras defensoras de los derechos humanos, los legisladores aprobaron la ley en segunda discusión por unanimidad.

El instrumento legal, que consta de 39 artículos, entrará en vigor luego que sea promulgada por el presidente Nicolás Maduro y sea publicada en la Gaceta Oficial.

La llamada Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines fue aprobada en primera discusión en enero de 2023. Desde entonces, la propuesta ha generado preocupación entre las ONG locales, que consideran que con esta ley, el gobierno de Maduro y sus aliados buscan limitar su operación en el país.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), una de las organizaciones más prestigiosas del país, denunció que uno de los artículos más polémicos de la ley sobre el financiamiento de las ONG, establece que “ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público en el territorio nacional”.

Provea agregó en un comunicado previo a la aprobación de la ley que, de darse el caso de una donación o financiamiento externo, la organización sería inmediatamente cancelada y sus directivos podrían ser sometidos a cargos penales y civiles y podría quedar expuesta a cargos contemplados en la legislación venezolana sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el martes “a las autoridades (venezolanas) a que no adopten estas u otras leyes que socavan el espacio cívico y democrático en el país”.

Mientras tanto, los aliados de Maduro y el partido de gobierno PSUV argumentan que su objetivo es actuar contra instancias que, aseguran, están al servicio de otros países como Estados Unidos.

Las organizaciones no gubernamentales tendrán que registrarse en un sistema nacional que el gobierno pondrá a disposición para tal fin con nuevos requisitos para operar.

“Van a tener que registrarse allí, van a tener que explicar de dónde vienen los fondos, van a tener que decir cómo gastan los fondos”, ha dicho en varias ocasiones el legislador Diosdado Cabello —primer vicepresidente del gobernante partido Socialista Unido de Venezuela y considerado el hombre más poderoso de Venezuela después de Maduro— quien presentó el proyecto de ley en enero de 2023.

Entonces, Cabello denunció que 62 organizaciones que operaban en Venezuela, son “apéndices del imperialismo”, como el oficialismo suele referirse a Estados Unidos y Europa, a los que acusa de buscar desestabilizar el gobierno de Maduro.

“Hemos encontrado que estas ONG reciben fondos y las vemos financiando guarimbas (protestas) y hechos de terrorismo en el territorio nacional. Esto serviría para ponerle freno a esa posibilidad y que reciban la sanción de la ley aquellos que caigan en la violación de la normativa", acotó Cabello en la pasada sesión del martes.

Desde los comicios presidenciales de julio pasado, el mandatario ha expresado la necesidad de regular también las redes sociales en el país.

La aprobación de la ley se produjo siete días después que el gobierno de Maduro ordenó un bloqueo de 10 días al acceso a X en el país, el más reciente de una serie de esfuerzos de su gobierno para tratar de suprimir el intercambio de información entre personas que expresan dudas sobre su victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Maduro acusó a X de ser utilizada por sus oponentes para crear malestar político y le dio a la empresa 10 días para “presentar sus documentos", sin dar más detalles.

Maduro además denunció que la aplicación fue supuestamente usada por sus adversarios para amenazar a la familia de sus seguidores y aliados políticos, militares, policías y generar zozobra entre los venezolanos.

Maduro, quien buscaba la reelección para un tercer mandato de seis años, fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral, un organismo colegiado de mayoría oficialista.

La oposición aseguró tener en su poder al menos un 84% de las actas de las mesas de votación que, según defendió, le dan la victoria al opositor González.