EFE.- Representantes del Comité por la Libertad de Jorge Glas y del Grupo de Puebla exigieron este viernes a las autoridades de Ecuador que permitan la visita de organismos internacionales para que puedan constatar el estado de salud del exvicepresidente de Rafael Correa, quien está recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad del país, tras haber sido detenido en el asalto policial a la Embajada de México del pasado 5 de abril.

El pedido lo hicieron desde los exteriores del centro carcelario, en Guayaquil, hasta donde llegaron el abogado y exministro boliviano Sacha Llorenti, coordinador del comité; y el chileno Marco Enríquez-Ominami, coordinador del Grupo de Puebla, con el objetivo de realizar una visita al político, que no pudo concretarse por falta de autorización.

“Estamos muy preocupados por la situación que vive Jorge Glas y nos despierta muchísimas sospechas el hecho de que no se permita, pese a haber cumplido con todos los requisitos, nuestro ingreso para visitar al exvicepresidente”, denunció Llorenti.

Ambos representantes llegaron a La Roca alrededor de las 11:30 de la mañana del horario local y se anunciaron con los policías que estaban en el ingreso al complejo carcelario. Minutos después, uno de ellos salió y les dijo que no podrían entrar porque la única visita que estaba autorizada era la del abogado del exvicepresidente, quien no los acompañaba.

Enríquez-Ominami dijo que iban a informar inmediatamente de lo sucedido a los miembros del Grupo de Puebla, un foro político y académico integrado por representantes de la izquierda política latinoamericana y europea.

“Yo estuve preso en una embajada durante la dictadura de Chile y nunca a (Augusto) Pinochet se le ocurrió invadir una embajada. Nunca se ha visto lo que ocurrió aquí en Ecuador. No podemos dejarlo pasar”, señaló.

Y catalogó el impedimento de ingreso a la cárcel como “una nueva evidencia de un abuso judicial”, ya que “toda persona tiene derecho a visitas”.

 

Denuncia internacional

 Los integrantes del Comité aseguraron que harán “una denuncia de carácter internacional” sobre la situación del exvicepresidente y que van a insistir al Gobierno de Ecuador que permita una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, “para que vean las condiciones en las que está Jorge Glas”.

Horas antes de la visita a la cárcel, Sacha Llorenti explicó en una rueda de prensa que este Comité se creó tras la detención de Glas con el objetivo de condenar el hecho y de exigir que el Gobierno le dé “un salvoconducto en el marco del derecho internacional” para que sea entregado a México, quien le había dado asilo diplomático antes de la detención.

El boliviano denunció nuevamente que el Estado le “está induciendo al suicidio” al recetarle “más de 40 pastillas diarias”, lo que “le provoca una multiplicidad de consecuencias”, como “la somnolencia y paradójicamente la imposibilidad de dormir”.

También afirmó que Glas sufre de alucinaciones y depresión y responsabilizó directamente al presidente Daniel Noboa de “la vida e integridad personal” del político ecuatoriano.

 

Litigio en La Haya

Glas, que fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Correa, ocupó el cargo de vicepresidente entre 2013 y 2017, así como también durante los primeros meses del mandato presidencial de Lenín Moreno (2017-2021), hasta que comenzaron las investigaciones en su contra.

El 17 de diciembre de 2023 ingresó a la sede diplomática de México cuando la Fiscalía se disponía a procesarlo por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción tras el devastador terremoto de 2016, motivo por el que un juez ordenó su detención, antes de que el Gobierno mexicano le concediera el asilo diplomático.

Asimismo, tenía pendiente de terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas por corrupción dictadas en 2017 y 2020, por las que ya había purgado alrededor de cinco años de prisión cuando salió en libertad gracias una polémica resolución judicial.

México y Ecuador se han contrademandado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los hechos ocurridos el 5 de abril, con acusaciones mutuas de haber transgredido convenios y normas internacionales.